Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se deslindó de cualquier conocimiento previo relacionado con la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Alberto Torres. En conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no fue notificada formalmente por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre esta decisión consular.
«No fuimos notificados, de ningún caso. No nos adelantemos, vamos a esperar la información«, expresó Sheinbaum al ser cuestionada por medios de comunicación en el espacio denominado La Mañanera del Pueblo. La presidenta sostuvo que conoció la noticia por medio del comunicado emitido por la propia gobernadora y recalcó que ya se solicitó formalmente información a las autoridades norteamericanas para conocer los motivos detrás de la revocación migratoria.
La controversia surgió luego de que, el pasado 10 de mayo, Marina del Pilar y su esposo informaran públicamente, a través de redes sociales, que sus visas de turista habían sido canceladas por decisión del Departamento de Estado de EE.UU. A su vez, la pareja señaló que ya se encuentran realizando consultas legales para recuperar sus documentos migratorios, asegurando su derecho al debido proceso.
«Confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos… Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y compromiso por Baja California«, defendió la gobernadora en su comunicado.
Sheinbaum respaldó a Del Pilar, destacando que su gestión en el estado fronterizo ha sido positiva. Como muestra, mencionó la reciente realización del Tianguis Turístico, evento que ha fortalecido la proyección binacional de Baja California y contribuido al desarrollo económico regional.
La mandataria federal también respondió a versiones periodísticas que señalaban que habría tenido conocimiento anticipado del caso. Negó categóricamente tales afirmaciones y reiteró que, de haber existido una notificación oficial por parte de Washington, su administración habría actuado conforme a los canales diplomáticos correspondientes.
El caso ocurre en un momento clave para las relaciones México–Estados Unidos, en un contexto en que la cooperación binacional en materia migratoria y de seguridad se encuentra bajo intensa observación.
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