Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que ya se están investigando los 30 casos de embarazo infantil que fueron dados a conocer el fin de semana pasado, tras la difusión de una lista por colectivos feministas que señalaron nacimientos registrados por la Secretaría de Salud (Ssa) en los que las madres son menores de edad, posiblemente víctimas de delitos sexuales, incluyendo matrimonios forzados.
Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que en México la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, conforme a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2016. Antes de esta reforma, la ley permitía el matrimonio a los 16 años para hombres y 14 para mujeres, lo cual fue modificado para proteger a la infancia y adolescencia.
La mandataria detalló que desde 2005 existe una norma oficial que obliga a la Secretaría de Salud a reportar al Ministerio Público cualquier caso de menores que den a luz en hospitales públicos o privados, para que se investigue la posible comisión de delitos, especialmente violaciones sexuales.
“Cuando una menor de edad llega a dar a luz, hay un protocolo establecido para notificar de inmediato a las autoridades judiciales”, subrayó Sheinbaum. Asimismo, recalcó que si una persona mayor de edad embaraza a una niña o adolescente, debe ser investigado como delito, con base en los artículos 226, 266 y 65 del Código Penal.
La presidenta explicó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se implementó el registro obligatorio de la edad tanto de la madre como del padre en cada nacimiento, como una medida para detectar y denunciar embarazos infantiles. En caso de que el padre también sea menor de edad, se activa una investigación inmediata.
Sobre el argumento de matrimonios realizados bajo “usos y costumbres” en comunidades indígenas, Sheinbaum fue enfática al reiterar que esta práctica está prohibida y que igualmente debe investigarse cualquier embarazo de menores que derive de estas uniones.
“Hay un protocolo y una norma que deben seguir las autoridades sanitarias, sean hospitales públicos o privados. Todas las instituciones están obligadas a cumplirlo para proteger a la niñez y adolescencia,” concluyó.
Finalmente, la mandataria señaló que los 30 casos difundidos por medios ya están bajo revisión y que su gobierno continuará impulsando campañas informativas para prevenir el embarazo en menores de edad.
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