Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desmintió este viernes que se hayan otorgado autorizaciones federales para operar bancos de extracción de material pétreo en la zona de Tulum, Quintana Roo, y aseguró que empresas como Cemex no cuentan con los permisos necesarios para remover vegetación forestal.
Esta declaración oficial llega como respuesta a las protestas realizadas por Greenpeace México a inicios de semana, donde activistas denunciaron la supuesta autorización de hasta 26 bancos pétreos cerca de la zona selvática de Tulum, que podrían afectar seriamente el ecosistema.
Durante la manifestación del lunes, celebrada frente a las oficinas de Semarnat en Cancún, los activistas escalaron el edificio y colocaron rocas como acto simbólico para denunciar lo que consideraron un permiso para deforestar 650 hectáreas. Según Carlos Samayoa, coordinador de la campaña «México al grito de Selva», estos permisos contribuirían a una devastación ambiental impulsada por megaproyectos como el Tren Maya.
Sin embargo, Semarnat fue enfática: el pasado 27 de junio, la dependencia negó a Cemex la autorización del Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), lo que impide legalmente cualquier intervención sobre ese terreno.
La secretaría aclaró que, al tratarse de un área cubierta por vegetación forestal, cualquier actividad que implique un cambio de uso de suelo requiere autorización federal, sin importar si existen permisos emitidos por gobiernos locales o estatales.
El conflicto pone en el centro la tensión entre los intereses industriales y la conservación ambiental. Por un lado, organizaciones como Greenpeace alertan sobre un avance desmedido de bancos pétreos —algunos presuntamente vinculados a la construcción del Tren Maya— y por otro, Semarnat intenta deslindarse de toda responsabilidad frente a la deforestación.
Activistas ambientales han denunciado que en lo que va de 2025, se han publicado en la Gaceta Ecológica de Semarnat autorizaciones para casi 30 bancos de material pétreo, aunque no todos en Tulum. Esta información ha sido tomada como una señal de opacidad o contradicción en la política ambiental del gobierno federal.
A pesar del revuelo, Semarnat insiste en que no ha autorizado la intervención de la selva virgen de Tulum para este tipo de proyectos extractivos, y reiteró que seguirá supervisando y evaluando los estudios presentados por las empresas, priorizando la protección del patrimonio natural del país.
El caso pone bajo el reflector el papel del gobierno en la regulación ambiental de los megaproyectos de infraestructura y abre la discusión sobre hasta qué punto se puede conciliar el desarrollo con la preservación de los ecosistemas, especialmente en zonas de alta biodiversidad como la Riviera Maya.
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