Carlos Lara Moreno
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la consolidación de un nuevo marco jurídico para combatir la extorsión en todo el país, como parte de la estrategia nacional de seguridad y justicia basada en la atención a las causas, la inteligencia y el respeto a los derechos humanos.
Durante la Mañanera del Pueblo, Godoy destacó que el 9 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.
“Esta iniciativa fue construida en una mesa técnica con varias dependencias del Gobierno de México. Lo que se busca es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio, sin depender de la denuncia de la víctima”, explicó.
Unificación penal y sanciones más severas
Godoy detalló que la nueva legislación establecerá un tipo penal básico uniforme en todo el país, así como penas de seis a quince años de prisión, con agravantes cuando el delito implique cobro de piso, afecte a migrantes, menores de edad o servidores públicos, o sea cometido desde un centro penitenciario.
Asimismo, se incorporan mecanismos de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, acciones transversales de prevención y reglas especiales para combatir la extorsión dentro de los reclusorios, uno de los principales focos de este delito.
“Se eleva a categoría de ley la estrategia que ya está en operación y ha dado resultados, basada en el número de atención 089 y en la coordinación de las instituciones federales y estatales”, puntualizó.
Reforma integral del marco legal
La iniciativa también armoniza diversas leyes federales, entre ellas el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión sea considerada un delito susceptible de extinción de dominio, permitiendo al Estado recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita.
Godoy subrayó que la reforma fortalece la política nacional para enfrentar un fenómeno delictivo que ha afectado gravemente a la sociedad mexicana, mediante una intervención reforzada y coordinada del Estado mexicano.
“Con esta ley se consolida la estrategia de seguridad pública del gobierno de la presidenta Sheinbaum, orientada a la paz, la justicia y la protección integral de las víctimas”, concluyó.
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