Por Bruno Cortés
En el Congreso ya no se están lanzando solo propuestas: se están lanzando advertencias. El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, no se anduvo con rodeos y llamó “farsa” a la propuesta de reforma electoral impulsada por el oficialismo. ¿Por qué? Porque, según él, esta reforma no busca mejorar la democracia, sino desmantelarla.
En palabras más llanas: lo que se discute en estos días no es un simple ajuste al sistema electoral, sino algo mucho más profundo. Eliminar los fondos del INE, reducir la representación proporcional (los famosos plurinominales) y centralizar más poder político en una sola fuerza —según Moreira— equivale a abrirle la puerta a un régimen autoritario. Y más preocupante aún: vinculado al crimen organizado.
El argumento central del diputado es que si los partidos pequeños y las voces disidentes pierden espacio en el Congreso, y al mismo tiempo se debilita al árbitro electoral (el INE), la cancha se inclina a favor del partido en el poder, en este caso Morena. Y cuando eso pasa, se corre el riesgo de que las campañas dependan ya no de financiamiento público regulado, sino de quien tenga más dinero… y eso incluye al narco, a oligarcas o a grupos con intereses oscuros.
Moreira dice que su partido no va a participar en los foros que organiza el gobierno para construir esta reforma, porque hacerlo es como darle el visto bueno a una discusión que ya consideran viciada desde el principio. Para el PRI, sentarse a hablar del tema sería como “darle la mitad del pastel” a Morena y permitir que construyan lo que él llama “una verdadera dictadura”.
Lo que retrata el diputado es más que una diferencia política: es una disputa de fondo sobre el rumbo del país. Dice que lo que busca Morena es algo parecido a un “Maximato”, ese periodo histórico donde el expresidente Plutarco Elías Calles controlaba el poder sin ser presidente. En palabras de Moreira, lo que está ocurriendo es un intento de mover todo el centro del poder hacia un solo grupo político y su líder.
Y por si fuera poco, en medio de todo esto surgió otro tema delicado: el sobrevuelo de un dron estadounidense en Valle de Bravo, Estado de México, supuestamente a petición del gobierno mexicano. ¿El problema? Que nadie informó nada oficialmente. “Si no es por la prensa, ni nos enteramos”, dijo el diputado, criticando la falta de transparencia y la omisión del Senado en aprobar ese tipo de convenios internacionales. La preocupación no es menor: ¿quién firmó ese acuerdo?, ¿qué tipo de colaboración hay?, ¿qué obtienen ellos a cambio?
Y como si no faltaran temas espinosos, también tocó el nombramiento de Jenaro Villamil al frente del Sistema Público de Radiodifusión. Aunque no ha sido ratificado, el PRI ya adelantó que votará en contra. ¿La razón? Según Moreira, Villamil no es un comunicador institucional, sino un operador del gobierno. Lo acusa de convertir el sistema de medios públicos en una herramienta de propaganda oficial y de atacar a medios y periodistas que no están alineados con el discurso del poder.
Todo esto pinta un panorama tenso en el Congreso. Por un lado, un bloque opositor que denuncia el riesgo de perder la pluralidad democrática; por otro, un gobierno que empuja con fuerza una reforma que, según ellos, busca “austeridad y eficiencia”. Pero cuando la discusión gira en torno a quién controla el dinero, el micrófono y las reglas del juego, no es una reforma cualquiera: es una batalla por el alma de la democracia mexicana.
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