Por Bruno Cortés
En México, más de 15 mil mujeres viven tras las rejas, y muchas de ellas son madres. En ese contexto, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para humanizar las prisiones y proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos pequeños. Su propuesta va más allá de una simple reforma: busca transformar la forma en que el sistema penitenciario trata la maternidad y la infancia.
La legisladora propuso cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar que las mujeres encarceladas tengan acceso a salud digna, maternidad y lactancia seguras, productos de gestión menstrual, y sobre todo, que se respete el interés superior de la niñez para los menores que viven con ellas en prisión.
En palabras sencillas, esto significa que los hijos e hijas menores de tres años que viven con sus madres en centros penitenciarios tendrían derecho a un entorno más humano: espacios para jugar, aprender y desarrollarse, acompañados por personal especializado que atienda su educación, su nutrición y su bienestar emocional.
La iniciativa también subraya un punto clave: la maternidad no desaparece con una condena. Por ello, propone que las madres puedan conservar la custodia de sus hijos pequeños mientras no se ponga en riesgo su bienestar, y que existan espacios dignos de lactancia, separados del resto de la población penitenciaria, donde puedan criar a sus bebés en condiciones seguras y saludables.
Además, plantea que cuando los niños alcancen la edad máxima para permanecer en prisión con sus madres, la separación se realice de manera gradual y con acompañamiento psicológico, evitando rupturas traumáticas. Este proceso, explicó Muñoz, busca mantener el vínculo afectivo madre-hijo sin afectar el desarrollo emocional del menor.
Otro de los pilares de la reforma es garantizar la atención médica integral para las mujeres privadas de la libertad, con servicios enfocados en salud sexual, reproductiva, mental y nutricional, así como la distribución suficiente de productos de gestión menstrual, algo que aún es precario en muchas cárceles del país.
Muñoz Moreno argumenta que esta reforma no solo busca mejorar condiciones materiales, sino también incorporar una visión de derechos humanos y de género dentro del sistema penitenciario. La idea es romper con la lógica punitiva tradicional y reconocer que la dignidad no se extingue al cruzar los muros de una prisión.
Según cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025, en México existen 15 mil 261 mujeres recluidas, el 6% de la población penitenciaria total. La mayoría tiene entre 20 y 40 años, edades en las que muchas son madres o están embarazadas. Sin políticas públicas adecuadas, estas mujeres enfrentan una doble condena: la legal y la social.
La iniciativa, respaldada también por la diputada Ivonne Ortega Pacheco, propone que los centros penitenciarios adopten un enfoque de salud pública, equidad de género y derechos humanos, recordando que el castigo no debe implicar la pérdida de la humanidad.
En resumen, esta propuesta abre la puerta a un cambio de fondo: pasar de un sistema que encierra cuerpos a uno que protege vidas. Porque, como dice la diputada, “una cárcel no debe ser sinónimo de olvido, y mucho menos para una madre y su hijo”.
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