Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados no todo es grilla y pleitos partidistas. A veces, entre tanta discusión, se dan pasos importantes que impactan la vida cotidiana de quienes muchas veces no tienen voz en las grandes decisiones. Esta semana, algo de eso pasó.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables —una de esas que no siempre suena mucho en las noticias— aprobó por unanimidad una serie de cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Un dictamen que, aunque técnico en el papel, tiene un mensaje claro: las políticas públicas deben ser más inclusivas y representativas. Punto.
La iniciativa fue impulsada y defendida por la diputada Casandra Prisilla De Los Santos Flores, del Partido Verde. Ella preside esta comisión y junto con 13 diputadas y diputados más, lograron empujar la aprobación de una reforma que busca algo muy sencillo pero muy potente: visibilizar a las mujeres y garantizar que haya paridad en los puestos de poder, incluso en los órganos que se encargan de temas tan importantes como la salud y los derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué significa esto en palabras más claras? Que ya no se va a hablar de «el titular» del Poder Ejecutivo, sino de «la persona titular». Que cuando se nombre a los integrantes de una Junta de Gobierno, por ejemplo, se deberá respetar la paridad de género. Ni más ni menos. Porque sí, aunque no lo parezca, las palabras importan. Y mucho.
No se trata sólo de hablar bonito. El dictamen también dice que quienes ocupen cargos clave en estos órganos de gobierno deben tener un nivel mínimo (subsecretarios, directores generales o su equivalente). Esto para que no se “rellenen” los espacios por cumplir con la cuota, sino que se trate de personas realmente con poder de decisión y experiencia. Todo esto, claro, bajo el principio de equidad.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del PRI, fue clara: esto no es una concesión, es un paso firme hacia una igualdad real. Y lo celebró como un avance legislativo que pone en el centro no sólo la inclusión de personas con discapacidad, sino también la lucha contra la discriminación estructural que existe en todos los niveles de gobierno.
Y aunque parezca un detalle menor, también se tocó un tema que muchos conocen de primera mano: los estacionamientos para personas con discapacidad en centros comerciales. Sí, esos espacios azules que todos hemos visto… y que más de uno ha invadido sin tener necesidad real de usarlos.
El diputado Arturo Hernández Tapia, de Morena, pidió que se revisara cómo va la implementación de una ley ya aprobada que obliga a los ayuntamientos a garantizar estos espacios. Porque sí, las leyes se aprueban… pero muchas veces se quedan en papel.
Otros legisladores como José Luis Hernández Pérez (PVEM), Juan Armando Ruiz Hernández (MC), Mónica Herrera (Morena) y Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) también señalaron lo mismo: los cajones existen, pero no se respetan. La gente se estaciona ahí como si nada, incluso cuando hay personas con discapacidad que realmente los necesitan. Hasta se propuso un exhorto para capacitar a personal y a la ciudadanía sobre la importancia de respetarlos.
Todo esto muestra una cosa: la inclusión no es sólo una palabra bonita en un documento, es una práctica diaria que se construye desde la ley… pero también desde el respeto y la empatía. Y en eso, el Congreso dio un paso importante.
La presidenta de la Comisión, De Los Santos Flores, cerró diciendo algo clave: este tipo de reformas no se deben quedar en el tintero. Se tienen que trabajar, aterrizar y hacer cumplir. Porque si no, ¿de qué sirve legislar?
Así que, aunque muchos no se enteraron, esta semana se votó algo que podría cambiar la vida de muchas personas. Y eso, en medio de tanto ruido político, vale la pena celebrarlo y exigir que se cumpla.
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