Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), denunció que, por presiones de una consejera del propio CPC, se ordenó eliminar de las redes sociales un comunicado en el que diversos Comités de Participación Ciudadana del país pedían una investigación sobre el senador Adán Augusto López Hernández por posibles incongruencias patrimoniales y fiscales.
El pronunciamiento, emitido originalmente por representantes de comités estatales y nacionales, solicitaba que las autoridades competentes revisaran las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador, así como eventuales conflictos de interés. Entre las instancias señaladas se incluían la Mesa Directiva del Senado, el Órgano Interno de Control, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y la fiscalía correspondiente.
Según el texto, los comités ciudadanos detectaron “posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés” en la información presentada por el legislador, quien actualmente preside la Junta de Coordinación Política del Senado y funge como coordinador del grupo parlamentario de Morena.
Pérez Morales explicó que el comunicado fue retirado de las redes institucionales del Comité Nacional después de que una consejera exigiera su eliminación, argumentando que no contaba con consenso. La presidenta del organismo calificó esta acción como un acto de censura y señaló que el equipo técnico también fue objeto de presiones para acatar la orden.
Por su parte, la consejera señalada rechazó las acusaciones y aseguró que la decisión respondió a criterios de colegialidad, no de censura, al argumentar que el texto había sido impulsado por algunos comités estatales y no representaba oficialmente la postura de todo el órgano ciudadano.
El pronunciamiento enfatiza que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad y que toda autoridad pública está obligada a rendir cuentas. También insta a que las investigaciones se conduzcan con base en evidencia, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
En las últimas semanas, distintas investigaciones periodísticas han señalado presuntas irregularidades en las declaraciones de Adán Augusto López, entre ellas transferencias millonarias no reportadas y posibles vínculos con empresas contratistas del gobierno de Tabasco durante su gestión como gobernador.
Pérez Morales subrayó la importancia de que el Senado no se utilice como escudo político para evadir responsabilidades y exhortó a las autoridades de fiscalización a actuar con independencia y transparencia.
El comunicado, respaldado por representantes de comités estatales de entidades como Puebla, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche y Aguascalientes, busca sentar un precedente sobre la responsabilidad pública de los servidores de alto nivel. La presidenta del SNA insistió en que el fortalecimiento del sistema anticorrupción depende de garantizar la libertad de expresión de sus integrantes y de evitar que las presiones políticas interfieran con su labor.
El caso deja abierta la interrogante sobre si las instituciones competentes darán curso a la investigación solicitada y sobre cómo la actuación de los comités ciudadanos influirá en la vigilancia del sistema nacional de integridad pública.
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