Por Juan Pablo Ojeda
Osmar N., de 15 años de edad, fue vinculado a proceso este día por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de dos docentes, perpetrado al interior de la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La resolución judicial establece el inicio formal del proceso penal bajo la jurisdicción de menores infractores.
Un juez de control determinó el internamiento preventivo del menor en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, ubicado en la ciudad de Morelia. Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó un plazo exacto de 30 días naturales para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía y la defensa aportarán los peritajes definitivos.
El expediente técnico detalla que el imputado ingresó al plantel educativo portando un estuche de guitarra, en cuyo interior ocultaba un rifle de asalto calibre AR-15. El inventario balístico presentado por los peritos de la fiscalía contabilizó un total de 67 municiones útiles en posesión del adolescente al momento de los hechos.
La mecánica del evento indica que el agresor accionó el arma de fuego en 27 ocasiones continuas. Las detonaciones causaron la muerte de María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años de edad, y de Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, quien fue alcanzada por los proyectiles mientras intentaba resguardarse detrás de un mostrador en las instalaciones.
La detención del tirador no fue ejecutada por las fuerzas de seguridad pública en primera instancia. El reporte oficial documenta que fueron los propios estudiantes y un trabajador administrativo del plantel quienes sometieron físicamente al menor, inmovilizándolo de las manos con una cuerda hasta el arribo de las unidades policiales al recinto educativo.
En materia de procuración de justicia, el fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, precisó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece tabuladores estrictos basados en la edad. Al tener 15 años, el imputado se encuentra en el rango etario que limita la pena máxima de privación de la libertad a 36 meses, independientemente de la letalidad del delito.
Las estadísticas del código penal en México indican que el delito de feminicidio para infractores adultos contempla sentencias de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, la jurisdicción especializada en menores prioriza jurídicamente la reinserción social, lo que blinda al adolescente de enfrentar sentencias de escala adulta en centros penitenciarios de alta seguridad.
















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