Por Bruno Cortés
La diputada Ivonne Ortega Pacheco, quien encabeza al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, no se anduvo con rodeos esta semana. Con tono firme y sin mucha vuelta, señaló algo que muchos ciudadanos sienten todos los días: de poco sirven las leyes si no se aplican. Esta vez, sus declaraciones tocaron dos temas sensibles y cercanos a la gente: la seguridad de los menores en academias con formación militar y los derechos de quienes trabajan ganando sólo propinas.
Todo comenzó con una noticia trágica: la muerte de un menor de edad en un campamento de una academia militar. Este hecho encendió las alarmas y llevó a Ortega Pacheco a cuestionar quién regula y vigila realmente estos lugares donde, en teoría, se forma a los jóvenes bajo disciplina, pero que podrían estar funcionando fuera del marco legal o, peor aún, violentando los derechos de la infancia.
La diputada pidió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revise a fondo si estas academias están registradas, qué permisos tienen y bajo qué leyes operan. “Hay que revisar en las legislaciones cuáles son las que facultan a estas escuelas”, dijo. También exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) se meta de lleno al caso para investigar si hubo violación a los derechos humanos del menor. “Es un fallecimiento por supuesta violación de los derechos humanos de los niños y violentación a las infancias”, subrayó.
Y mientras los reflectores estaban ahí, Ortega aprovechó para hablar de otro asunto que toca directamente a miles de trabajadores mexicanos: la necesidad de garantizar un salario mínimo digno a quienes sólo reciben propinas, como meseros o personal de limpieza en hoteles. Se trata de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya se discute en el Congreso.
Para la diputada yucateca, la aprobación de la ley es sólo el primer paso. Lo verdaderamente importante es que se cumpla. Y para eso, propone algo muy concreto y práctico: un sistema de denuncias anónimas, al estilo del 911, donde cualquier trabajador pueda reportar abusos o patrones que no estén respetando la nueva norma. “Tiene que haber un teléfono de denuncia anónima… a la Secretaría del Trabajo, a Profeco o a la propia Cámara”, sugirió.
De paso, recordó otro caso: la famosa “Ley Silla”, esa que obliga a los empleadores a permitir que sus trabajadores se sienten cuando no están atendiendo clientes. Aunque ya fue aprobada, aún no entra en vigor, y muchos patrones la ignoran olímpicamente. “¿De qué sirve el capítulo de la ley si quedan en el papel? No hay resultado para los trabajadores”, dijo Ortega con toda claridad.
Lo que plantea la legisladora es simple pero poderoso: las leyes deben dejar de ser letra muerta. Si existen para proteger, entonces deben cumplirse. Y si se violan, tiene que haber consecuencias. Porque si no, seguimos en un país donde las tragedias se repiten y los derechos laborales se quedan en discursos bonitos, pero sin aplicación real.
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