Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, marcó una línea divisoria entre el Poder Ejecutivo y las negociaciones partidistas al deslindarse públicamente de la denominada «operación cicatriz» entre las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT). El anuncio presidencial neutraliza las declaraciones previas emitidas desde el Poder Legislativo sobre una presunta fractura en el bloque oficialista.
El posicionamiento surge como respuesta directa al desacuerdo registrado durante el procesamiento parlamentario del llamado «Plan B» de la reforma electoral. La aritmética legislativa en la Cámara de Diputados evidenció una discrepancia táctica entre los institutos políticos que conforman la coalición de la Cuarta Transformación, modificando el dictamen original enviado por el Ejecutivo.
En términos de eficiencia legislativa, la iniciativa presidencial logró un índice de aprobación parcial. La mandataria confirmó que el núcleo del proyecto, enfocado en la reducción de privilegios económicos y la reestructuración del gasto burocrático, alcanzó los votos necesarios para su promulgación, cumpliendo con la principal directriz presupuestal de Palacio Nacional.
El déficit en la votación se concentró exclusivamente en el apartado correspondiente a la revocación de mandato. Este segmento específico de la reforma no logró consolidar la mayoría calificada requerida en el pleno, generando el primer cisma numérico documentado entre los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el actual periodo de sesiones.
Ante este panorama, el diputado y coordinador parlamentario Ricardo Monreal había anticipado la implementación de una estrategia de reconciliación política para subsanar los daños internos en la coalición. La declaración del legislador sugería la necesidad de una intervención coordinada para realinear los votos de los partidos aliados de cara a futuras reformas constitucionales.
No obstante, Sheinbaum Pardo invalidó la premisa de una crisis interna que requiera la intervención del Ejecutivo. Al declarar «No sé qué cicatriz haya qué hacer», la presidenta transfiere la carga de la gestión política exclusivamente a los coordinadores de las bancadas y a las dirigencias nacionales de los partidos involucrados en la votación.
La directriz presidencial establece un precedente operativo para el resto del sexenio: las negociaciones para mantener la cohesión del bloque mayoritario recaerán en la estructura de los partidos y no en las oficinas del gobierno federal. La viabilidad de futuras alianzas dependerá de los acuerdos bilaterales que logren tejer las dirigencias fuera de la esfera presidencial.
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