Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la presión mediática y la expectativa por nuevas extradiciones, la presidenta Claudia Sheinbaum puso un alto —al menos por ahora— a la idea de un nuevo “envío masivo” de capos hacia Estados Unidos. Desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que cualquier entrega de líderes criminales depende estrictamente de procesos jurídicos, especialmente cuando no existe una orden de aprehensión vigente en México. En pocas palabras: no habrá operativos extraordinarios… salvo que las circunstancias cambien.
Sheinbaum fue clara en su postura, pero también cuidadosa. Negó que el Gabinete de Seguridad esté planeando un nuevo paquete de extradiciones, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras expulsiones si así lo marca la ley o la colaboración bilateral. Su mensaje apunta a mantener el control narrativo sin cerrarle la puerta a una herramienta que México ya ha usado este año de manera contundente.
Porque 2025 fue, literalmente, un parteaguas. México entregó a 55 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, un movimiento inédito por su escala y que Sheinbaum defendió como una acción necesaria para proteger la seguridad nacional. La lista incluyó miembros de los cárteles más violentos del país: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y más. La lógica detrás de estas expulsiones, según informes estadounidenses, es evitar que operadores de alto rango sigan manejando negocios desde prisión, donde sus redes de corrupción y comunicación siguen activas.
El operativo para mover a estos capos fue un despliegue que pocas veces se ve: unos 2 mil elementos de fuerzas especiales, coordinación total del Gabinete de Seguridad y traslados simultáneos a ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington. La dimensión logística levantó preguntas sobre la legalidad y los procedimientos internos, dudas que el gobierno aún no termina de aclarar, pero que dejaron efectos inmediatos en el sistema penitenciario mexicano.
Los cambios dentro de los penales fueron profundos: sustitución de directivos, cambio de proveedores, relevo de custodios, revisiones de servicios internos como el catering y una supervisión reforzada. Todo esto para cerrar brechas que permitieron a narcos de alto perfil seguir operando desde prisión.
El último episodio relevante en esta cooperación México–Estados Unidos fue la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien además estuvo involucrado en un presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada para obtener beneficios judiciales que, según el propio gobierno estadounidense, no le serán concedidos. Guzmán López ya se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico, y su sentencia se definirá en junio de 2026.
El mensaje de Sheinbaum llega en un momento clave. Pone pausa al rumor de nuevas extradiciones masivas, pero al mismo tiempo mantiene la puerta entreabierta para futuras acciones. En política de seguridad, sobre todo con Washington, nada es definitivo.
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