Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instó públicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) a esclarecer los presuntos vínculos del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su detención el fin de semana.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR dar a conocer las pruebas que vinculan al alcalde con actividades delictivas: “La fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los cárteles”, afirmó.
Murguía Santiago enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y desaparición de personas, en relación con el llamado rancho Izaguirre, identificado por autoridades federales como un presunto campo de adiestramiento del CJNG.
Este caso ha reavivado la presión social y política sobre el Gobierno federal, especialmente por parte de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunciaron en marzo el hallazgo de más de 400 pares de zapatos en el rancho, señalándolo como un “campo de exterminio”.
Aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero reconoció que el sitio fue utilizado para entrenamiento criminal, negó que existan evidencias de su uso como crematorio clandestino. No obstante, algunos testimonios apuntan a que el alcalde no solo estaba al tanto del uso del lugar, sino que también habría participado activamente en actos delictivos y recibido sobornos del CJNG.
“Nosotros pedimos que la Fiscalía atrajera el caso y más bien es el fiscal quien tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal”, insistió Sheinbaum.
Este episodio se enmarca en una creciente crisis de desapariciones en México, donde las cifras oficiales superan las 120 mil personas no localizadas desde la década de 1960. El caso de Teuchitlán expone una vez más los vínculos entre estructuras municipales y el crimen organizado, un fenómeno que continúa desafiando al Estado mexicano.
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