Por Juan Pablo Ojeda
Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), demandó la rendición de cuentas sobre los fondos operados por asociaciones civiles vinculadas al Instituto Politécnico Nacional (IPN). La declaración, emitida durante la conferencia presidencial matutina, responde al litigio activo tras la rescisión del convenio histórico con la Fundación Politécnico en junio de 2025.
La controversia financiera se centra en la captación de capital privado. Estas organizaciones operan bajo la prerrogativa de utilizar el prestigio del Estado para recolectar fondos destinados a infraestructura y equipamiento tecnológico de los planteles politécnicos a nivel nacional, manejando recursos extrapresupuestales de la institución.
Delgado Carrillo argumentó que el estatus de entidad civil no exime a estas asociaciones de mantener una trazabilidad absoluta. «No puede haber una asociación civil que reciba una gran cantidad de recursos porque lo hace a nombre del Politécnico, sin que haya una coordinación», especificó el funcionario federal ante los medios de comunicación.
El colapso institucional se materializó hace diez meses. La Secretaría de Administración del IPN, bajo la dirección general de Arturo Reyes Sandoval, notificó mediante un oficio la finalización unilateral del acuerdo de colaboración que reguló la captación de recursos privados durante casi tres décadas.
Esta ruptura administrativa derivó inmediatamente en una judicialización del proceso. La Fundación Politécnico respondió con la interposición de demandas en las vías civil y penal, acusando a la administración central del instituto de incurrir en ilegalidades y violaciones a las cláusulas del contrato que se encontraba vigente.
El diagnóstico de la SEP apunta a una fractura en la comunicación como génesis del litigio. Tras el distanciamiento, las autoridades del IPN procedieron a avalar la creación de una nueva estructura paralela, designándola ante la comunidad y los benefactores como la única entidad autorizada para la recepción oficial de aportaciones económicas.
El titular de la SEP avaló la gestión de crisis del director general del IPN frente al proceso legal. De acuerdo con las métricas de la dependencia federal, las medidas administrativas adoptadas por Reyes Sandoval buscan garantizar que el capital donado se integre efectivamente al presupuesto de mantenimiento y desarrollo de la comunidad estudiantil.
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