Por Juan Pablo Ojeda
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado aprobó por unanimidad un proyecto que, aunque parece sencillo, tiene un enorme peso simbólico: declarar cada 4 de noviembre como el “Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas”. Y aunque pudiera sonar como un gesto meramente ceremonial, en realidad toca fibras profundas del debate sobre igualdad, reconocimiento y construcción de políticas públicas más justas.
La senadora Edith López Hernández, quien preside la Comisión, explicó que esta fecha no obligará al gobierno a gastar más ni a crear nuevas estructuras; su fuerza está en otro lado. Busca abrir los ojos a un país que durante siglos ha invisibilizado a quienes conforman una de sus raíces más antiguas: las comunidades afromexicanas, y particularmente a sus mujeres, quienes suelen cargar con varias capas de discriminación al mismo tiempo —por género, por origen étnico y por nivel socioeconómico.
Ese enfoque interseccional, que suena técnico pero es muy simple de entender, implica ver cómo diferentes desigualdades se acumulan y se vuelven más pesadas cuando coinciden en una misma persona. Eso es justo lo que viven miles de mujeres afromexicanas en temas como acceso a salud, educación, justicia o participación comunitaria. Por eso la senadora sostiene que esta declaratoria funciona como un recordatorio institucional: México tiene una deuda histórica y debe avanzar en políticas públicas que reconozcan estas desigualdades para poder corregirlas.
El dictamen también camina en línea con la reforma al artículo 2 constitucional, donde el país reconoce formalmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad de decidir sobre su vida comunitaria y defender su identidad colectiva. La idea del nuevo día nacional se conecta justo con esa visión: no se trata solo de celebrar, sino de reconocer derechos y realidades que fueron borradas durante siglos.
Durante la sesión, la senadora Susana Harp celebró la aprobación al recordar que las mujeres afromexicanas están entre los sectores más discriminados del país. Su mensaje fue claro: este día es un avance, pero también una señal de lo mucho que falta para garantizar derechos plenos.
La diputada Rosa María Castro Salinas, quien promovió formalmente esta iniciativa, lo planteó como un acto de justicia histórica. Explicó que el objetivo no es solo nombrar un día, sino dignificar a las mujeres que han enfrentado exclusión sistemática y recuperar la memoria de las ancestras que fueron borradas de los relatos oficiales.
La aprobación también coincidió con la primera reunión itinerante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, realizada en Campeche el 29 de noviembre. Este tipo de encuentros, explicó la senadora Edith López, buscan que el trabajo legislativo salga del escritorio y llegue a los territorios donde viven las comunidades, para escucharles directamente y ajustar las decisiones del Congreso a sus realidades.
Aunque la declaratoria del 4 de noviembre no resolverá por sí sola problemas profundos como la discriminación, la pobreza o la falta de representación, sí coloca el tema en el centro del debate público. Y en política, visibilizar también es transformar: a veces el primer paso para cambiar una realidad es reconocer que existe.
Deja una respuesta