Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo promovido por el pueblo originario de San Juan Malinaltongo, en contra de la prohibición de los espectáculos con animales y la “imposición” de las llamadas corridas de toros sin sangre en la Ciudad de México. Los pobladores reclaman que no fueron consultados antes de implementar estas restricciones y buscan la realización de un referéndum para decidir su aplicación específicamente en la alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Plaza de Toros, a unas calles de su comunidad.
Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, explicó que el recurso fue presentado por los habitantes, quienes consideran que la medida afecta su derecho a la identidad cultural y a la memoria histórica del pueblo, estrechamente vinculadas con la tradición taurina. Argumentó que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México está obligado a consultar a las comunidades sobre cualquier ley o acción de gobierno que les involucre, y que dicha consulta debe ser vinculante.
El abogado Salvador Arias señaló que garantizar el derecho de consulta a San Juan Malinaltongo podría ser suficiente para que la SCJN declare viciado el procedimiento y ordene que se reponga, lo que implicaría la posible invalidación del actual reglamento de la Ciudad de México que prohíbe los castigos en las corridas de toros.
El amparo fue presentado en enero de 2025, con el objetivo de frenar una iniciativa de ley que pretendía la prohibición total de las corridas en la capital. En marzo, el gobierno de la Ciudad de México ajustó el reglamento, permitiendo únicamente las corridas sin sangre. Sin embargo, según Arias, esto no invalida el amparo, pues el acto de autoridad impugnado es la falta de consulta, independientemente de los cambios en la normativa.
El jueves pasado, el pleno de la SCJN, con siete votos a favor y uno en contra, aceptó estudiar el amparo. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz asumió la atracción del caso y será quien presente el estudio ante la Corte, en una fecha que aún está por definirse.
El caso pone sobre la mesa la tensión entre la protección de tradiciones culturales de los pueblos originarios y las políticas de bienestar animal en la capital, abriendo un debate que podría redefinir la forma en que se regulan los espectáculos taurinos en México.
Deja una respuesta