Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Senado de la República su propuesta de Plan B de reforma electoral, un paquete de cambios que busca reducir gastos y privilegios en distintos niveles de gobierno, pero que ya enfrenta el rechazo frontal de la oposición.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que votará en contra de la iniciativa, al considerar que no resuelve problemas de fondo y solo representa, en sus palabras, “una versión terrible” enfocada en recortes sin impacto real.
Moreno también acusó que la propuesta podría favorecer la concentración del poder y sostuvo que la oposición ha demostrado capacidad para frenar iniciativas del oficialismo cuando actúa en bloque.
El Plan B, presentado por el gobierno federal, plantea una serie de medidas orientadas a disminuir el costo del aparato político. Entre ellas destacan la reducción del número de regidurías en municipios, la limitación a una sola sindicatura y la imposición de topes presupuestales a los congresos locales.
Además, contempla recortes progresivos al gasto del Senado, la eliminación de privilegios como bonos y seguros médicos para altos funcionarios, así como la prohibición de que servidores públicos ganen más que la presidenta.
La iniciativa también introduce nuevas reglas para los partidos políticos, como la obligación de transparentar los salarios de sus dirigentes, reportar en tiempo real sus operaciones financieras y establecer límites claros a sus ingresos, incluyendo la prohibición de recursos de origen ilícito o no comprobable.
Otro de los puntos centrales es el fortalecimiento de la revocación de mandato, que permitiría a la ciudadanía evaluar la continuidad del Ejecutivo federal en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el eje de la propuesta es reducir privilegios y ampliar la participación ciudadana, en un intento por hacer más eficiente y transparente el sistema político.
Con el envío al Senado, el debate sobre la reforma electoral entra a una nueva etapa, donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas en torno a uno de los temas más sensibles del sistema democrático mexicano.
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