Por Juan Pablo Ojeda
El senador Marko Cortés cuestionó este 2 de abril el rechazo del Gobierno de México al informe emitido por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), el cual clasifica el fenómeno demográfico y criminal en el país como «generalizado y sistemático».
La evaluación técnica internacional señala directamente una impunidad casi absoluta y documenta la existencia de complicidad estatal en diversos niveles operativos. Sin embargo, la administración federal desestimó el documento oficial, calificándolo de «tendencioso» y «sin rigor jurídico», de acuerdo con el registro de las declaraciones del legislador panista.
El pronunciamiento de Cortés, difundido a través de sus plataformas digitales institucionales, subraya la urgencia operativa de incrementar los esfuerzos del Estado. El objetivo trazado por la oposición legislativa incluye la prevención, erradicación y el castigo procesal y penal de estos delitos en territorio nacional.
Un eje central del reclamo es la transferencia logística y financiera de la búsqueda hacia las familias de las víctimas. El senador exhortó al aparato estatal a garantizar un esquema de apoyo integral para evitar que la sociedad civil asuma tareas forenses y de campo, labores que corresponden constitucionalmente a las dependencias de procuración de justicia.
En paralelo a las declaraciones en el Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio, se sumó a las exigencias parlamentarias. La legisladora panista denunció públicamente la existencia de una crisis de desapariciones que impacta la demografía nacional, reprobando a las autoridades por negar las cifras y la gravedad de la situación.
Rubio utilizó su cuenta en la red social X para emitir su postura oficial, comparando la negación del fenómeno por parte de las autoridades gubernamentales con la negligencia en gestiones previas. La diputada argumentó técnicamente que la negativa oficial de los datos impide alinear las soluciones y el presupuesto con el diagnóstico real.
El debate legislativo en torno al informe del CED evidencia la fractura en la validación de métricas de seguridad. La divergencia entre la evaluación del organismo internacional y la postura oficial del Ejecutivo mantiene paralizada la reestructuración de las estrategias de rastreo e investigación forense en todo el país.
Deja una respuesta