Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo con todos los sectores que presenten demandas legítimas, pero advirtió que no puede comprometerse “a lo que no es posible cumplir”.
Subrayó que su administración prefiere “hacer compromisos, no promesas”, y que cada petición de agricultores y transportistas será revisada conforme a los recursos disponibles.
Durante la “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum abordó el caso de los productores de maíz afectados por la caída del precio internacional del grano, cuyo valor, recordó, se determina en la Bolsa de Chicago bajo dinámicas distintas a las mexicanas.
Mientras en México predomina el maíz blanco para autoconsumo, en Estados Unidos se comercializa mayoritariamente maíz amarillo transgénico.
La mandataria destacó que su gobierno ha promovido acuerdos tripartitas entre empresas compradoras, gobiernos estatales y la Federación para mejorar los precios al productor, reducir costos de transporte y limitar la intermediación que presiona a la baja el ingreso de los campesinos.
La prioridad, afirmó, es proteger a los pequeños productores y replicar en más entidades los esquemas ya implementados en el Bajío.
Sobre los recientes bloqueos carreteros, Sheinbaum cuestionó su realización cuando existen mesas de diálogo abiertas.
Reiteró que, aunque se privilegia la negociación, hay demandas imposibles de atender porque implican recursos inexistentes o la defensa de antiguos privilegios.
Añadió que su gobierno refuerza los operativos para reducir los asaltos carreteros y monitorea denuncias mediante el 088 de la Guardia Nacional.
En torno a la Ley General de Aguas, Sheinbaum defendió que la reforma busca ordenar el uso del recurso y frenar su mercantilización.
Recordó que desde 1992, con la reforma que fortaleció a la Conagua, se permitió la transmisión de concesiones como si fueran bienes privados, fenómeno que derivó en la sobreexplotación de ríos y acuíferos.
Aseguró que su administración ya inició la depuración de bases de datos y la recuperación voluntaria de concesiones no utilizadas.
La nueva ley, explicó, impedirá la compra-venta de concesiones y obligará a que cualquier volumen no utilizado regrese al Estado, evitando el acaparamiento y el lucro sobre un bien público.
Denunció que en algunos distritos de riego se vende agua a municipios, generando ganancias millonarias para unos cuantos: “Eso no puede seguir”, sentenció.
Sheinbaum insistió en que la reforma no limita el desarrollo económico, sino que garantiza el agua como derecho humano y recurso estratégico, al tiempo que promueve la tecnificación del riego y un uso más eficiente para fortalecer la producción agrícola.
Sostuvo que parte de las manifestaciones contra la iniciativa provienen de grupos que se beneficiaron de la entrega masiva de concesiones en sexenios anteriores.
Finalmente, llamó a transparentar el debate: “Que se diga abiertamente si están a favor del acaparamiento del agua”.
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