Por Bruno Cortés
El Congreso vivió una sesión de alto voltaje técnico y político, pero el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, quiso dejar las cosas claras: la nueva Ley de Ingresos 2026 no solo busca recaudar, sino también poner piso parejo en el terreno fiscal.
En palabras más sencillas, Monreal presentó tres ajustes que —aunque suenan complejos— impactan directamente en cómo operan los bancos, las aseguradoras y los contribuyentes. Detrás de cada modificación hay semanas de jaloneo, mesas de negociación y hasta llamadas diplomáticas de embajadas extranjeras, especialmente por los intereses de grandes corporaciones financieras.
El primer cambio apunta a algo que por años había pasado desapercibido: los bancos tenían reglas especiales para deducir créditos incobrables. Es decir, cuando alguien no pagaba un préstamo, ellos podían descontarlo de sus impuestos de una forma más flexible que cualquier ciudadano o empresa común. Monreal explicó que eso se acabó. “No es correcto que los bancos se fijen sus propias reglas”, dijo, refiriéndose a la forma en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les permitía decidir qué podían deducir y qué no. A partir de ahora, los bancos estarán bajo las mismas reglas que cualquier otro contribuyente.
En otras palabras: si tú, como persona física o negocio, tienes una deuda que no te pagan, puedes deducirla dentro de límites claros. Pero los bancos, que manejan miles de millones, no podrán inventarse sus propios criterios para restar esas pérdidas al fisco. Incluso, la Asociación de Bancos de México —según Monreal— aceptó el ajuste para quitarse un privilegio que llevaba años generando suspicacias.
La segunda adecuación va contra una vieja práctica de las aseguradoras: acreditarse el IVA (Impuesto al Valor Agregado) por pagos que en realidad no eran suyos, sino de terceros. Monreal lo explicó con un ejemplo muy cotidiano: cuando hay un choque o un daño cubierto por un seguro, la aseguradora paga al taller o al hospital y luego intenta descontar ese IVA como si fuera suyo. Pero no lo es. Ese dinero pertenece al asegurado o a quien recibió el servicio, no a la empresa que intermediaba el pago.
Por eso, a partir de 2025, las aseguradoras ya no podrán usar el IVA de los asegurados para reducir sus propias obligaciones fiscales. Este punto no fue fácil: varias compañías son extranjeras y hasta embajadas intervinieron en la negociación. Al final, Monreal y su equipo lograron un acuerdo para que la medida entre en vigor gradualmente. “No puede ser que las aseguradoras se queden con dinero de terceros”, resumió el morenista.
El tercer ajuste tiene que ver con algo que suena técnico, pero que afecta el orden de los pagos al SAT: el recurso de revocación, un trámite que usan los contribuyentes cuando no están de acuerdo con una decisión del fisco. Hasta ahora, muchos presentaban este recurso solo para ganar tiempo y retrasar el pago. Con la nueva norma, quien interponga una revocación deberá respaldarla con una garantía o fianza dentro de seis meses. Si no lo hace, el SAT podrá ejecutar el cobro.
Monreal defendió la medida como una forma de darle seriedad a los procesos de impugnación y evitar que se conviertan en simples maniobras para evadir impuestos. En términos prácticos, se busca que el contribuyente tenga derecho a defenderse, sí, pero sin abusar del sistema.
Aunque todo esto suene técnico, lo que está en juego es grande: más transparencia y menos privilegios en un sistema fiscal que históricamente ha beneficiado a los gigantes financieros. Con estas modificaciones, Morena intenta mandar el mensaje de que las reglas deben ser iguales para todos, desde un banco hasta un ciudadano común.
Detrás del lenguaje legislativo y las cifras, lo que Monreal puso sobre la mesa es un mensaje político poderoso: el gobierno busca cerrar los huecos por donde se escapan los impuestos y garantizar que quienes más ganan, también paguen lo que les corresponde.
En resumen, una sesión que parecía puramente contable terminó convirtiéndose en una lección de política pública: no se trata solo de cobrar más, sino de cobrar con justicia.
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