Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México obtuvo una resolución favorable en el proceso de arbitraje internacional derivado de la licitación de 140,000 tabletas electrónicas para taxistas de la Ciudad de México, proyecto iniciado en 2016. El tribunal encargado del caso determinó que la rescisión del contrato efectuada por la administración local en 2018 no constituyó una violación a los tratados comerciales internacionales. Esta decisión ratifica la facultad del Estado para anular concesiones bajo sospecha de irregularidades administrativas.
El litigio técnico se centró en la implementación de dispositivos con georeferenciación y botón de pánico que pretendían sustituir los taxímetros tradicionales. El esquema original, impulsado por la gestión de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano, fue cuestionado tras detectarse anomalías en la asignación del proveedor y los costos operativos impuestos a los concesionarios de transporte público.
De acuerdo con el análisis de la resolución, las empresas demandantes argumentaron una supuesta violación al trato nacional y protección de inversiones bajo el marco comercial con Estados Unidos. No obstante, el panel arbitral validó los argumentos presentados por la Secretaría de Economía, que demostraron que el proceso de licitación original carecía de la transparencia necesaria y presentaba vicios de origen.
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el proceso de defensa legal abarcó las gestiones de cuatro titulares de Economía: Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard. Esta continuidad institucional permitió documentar el «entramado» de la concesión, el cual se mantuvo bajo reserva confidencial debido a las reglas de secrecía de los tribunales internacionales de arbitraje.
Los datos presentados durante las audiencias en Estados Unidos, ahora liberados de la restricción informativa, revelan los nombres de los actores legislativos y funcionarios que gestionaron el contrato. La administración federal prevé que la apertura de estos expedientes técnicos exponga las proyecciones financieras que resultaban lesivas para el patrimonio de los conductores de taxis y para el erario capitalino.
Andrés Lajous, exsecretario de Movilidad y pieza clave en el seguimiento del caso, será el encargado de desglosar las métricas y los flujos financieros de la adjudicación. El enfoque técnico de la próxima comparecencia detallará cómo se seleccionó al proveedor y las discrepancias encontradas entre el valor de mercado de los dispositivos y el costo de la concesión final.
Con este fallo, México evita el pago de indemnizaciones millonarias que los demandantes exigían por concepto de ganancias no percibidas y daños colaterales. La resolución sienta un precedente en la defensa de la soberanía regulatoria frente a arbitrajes de inversión, consolidando la postura del gobierno actual sobre la revisión de contratos de administraciones previas que presenten indicios de corrupción.
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