Por Bruno Cortés
La discusión en la Cámara de Diputados volvió a calentarse con la propuesta de Morena y el PT para reformar la ley en materia de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y aunque el tema suena técnico, el debate trae un mensaje muy claro: lo que se quiere regular no está del todo claro, y lo que sí está claro podría afectar directamente a los jóvenes y a cualquier ciudadano que cargue uno de estos dispositivos.
El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, lo puso en palabras sencillas: esta reforma, tal como está planteada, “criminaliza a los jóvenes”. Y no lo dice por exagerar. Según él, aunque quitaran del texto la palabra “adquisición”, todavía quedan verbos como “conservar” y “almacenar”. En política pública, esas palabras se vuelven claves, porque son las que determinan qué conducta será castigada y cuáles podrían prestarse a extorsión. Y eso es justamente lo que Moreira advirtió: una mezcla peligrosa entre ambigüedad y castigos altos que termina abriendo la puerta a abusos de autoridad.
Su preocupación no es menor. Cuando una ley penal se redacta sin precisión —explica— ocurre algo que en economía política se llama “riesgo regulatorio”: nadie sabe exactamente qué está prohibido, pero todos temen ser castigados. La frase del dictamen que dice “el que mezcle en el tipo penal” es un buen ejemplo del desorden. ¿Mezclar qué? ¿Sustancias? ¿Partes? ¿Accesorios? Igual pasa con la expresión “y otros análogos”: en un país donde las reglas deben ser exactas para evitar abusos, esa palabra abre un hoyo gigante. Lo “análogo” puede ser casi cualquier cosa que alguien considere parecida.
Moreira fue directo: más que una política de salud, esto parece una política recaudatoria. Según él, mientras fumar tabaco —que paga impuestos elevados— sigue permitido, los vapeadores quedarían prácticamente prohibidos, con multas fuertes para quien los porte. Para el coordinador priista, la reforma termina beneficiando indirectamente a la industria tabacalera y empujando a los consumidores hacia el mercado negro, con todos los riesgos que eso implica: contrabando, piratería y criminalidad alrededor del producto.
Y mientras el Congreso debate esta reforma, el diputado también aprovechó para poner sobre la mesa otro tema urgente: la violencia en Michoacán. Lo describió como “un acto de terror”, sin rodeos. En su análisis, el problema no se resolverá desde la federación, sino desde lo local. Michoacán —dice— vive un nivel de descomposición tan profundo que ya casi no hay policías municipales y muchos ayuntamientos operan bajo la sombra del crimen organizado. Cuando los alcaldes son asesinados y las autoridades estatales parecen rebasadas, el Estado pierde su capacidad de garantizar lo más básico: la vida y la seguridad.
Moreira fue especialmente crítico con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusó de ineptitud e indolencia. Para él, un gobernador que enfrenta asesinatos de alcaldes y ataques explosivos en semanas consecutivas ya no controla la situación. Si no puede contener la violencia, afirmó, debería hacerse a un lado.
El panorama general que deja esta doble discusión —la reforma de vapeadores y la crisis de seguridad en Michoacán— es una reflexión necesaria sobre cómo se diseñan las políticas públicas en México. Una propuesta mal redactada puede terminar afectando más de lo que resuelve, y un gobierno local rebasado puede convertir cualquier estrategia federal en letra muerta. En ambos frentes, el debate de hoy revela algo claro: cuando las instituciones fallan en precisión y en capacidad, los vacíos los llenan el abuso, la extorsión y la violencia.
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