Por Bruno Cortés
El debate en la Cámara de Diputados volvió a encenderse y, esta vez, no sólo por el controvertido tema de los vapeadores. Según el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, la reforma a la Ley General de Salud impulsada por Morena y el PT trae un daño colateral mucho más grande de lo que parece: debilita al Fondo de Salud para el Bienestar, el famoso FONSABI, que es el dinero destinado a atender enfermedades que pueden llevar a cualquier familia a la ruina económica, como el cáncer o los infartos.
El panista explicó algo que en política pública es básico pero que pocas veces se cuenta claro: el dinero de este fondo no se asigna al tanteo, se calcula con criterios actuariales, es decir, con números que estiman cuántas personas pueden enfermar gravemente en un año y cuánto costará atenderlas. Por eso, la ley obliga a que al menos el 8% del total vaya directamente a estos casos catastróficos. Pero con la reforma, ese porcentaje se borra de un plumazo. La consecuencia es sencilla de entender: si ya no es obligatorio reservar ese dinero para enfermedades graves, el gobierno puede usarlo para otras cosas, incluso para infraestructura, aunque después no haya suficiente para operar los hospitales.
Ramírez Barba fue directo: “les estorba el 8%”. Y según él, eso no sólo rompe con la lógica del fondo, sino que también abre la puerta a que personas con diagnósticos severos —cáncer de mama, de próstata, de colon, enfermedades cardiacas, cuidados neonatales, VIH— queden sin el respaldo económico que hoy está garantizado por ley. Para el diputado, es una señal peligrosa porque convierte un recurso diseñado para emergencias médicas en una bolsa flexible que podría usarse discrecionalmente.
Otra de las críticas fuertes recayó en la idea de crear un comité que decida a qué casos se les dará atención. En teoría suena razonable, pero él advierte que en la práctica sería impráctico e incluso injusto: un cuerpo burocrático decidiendo, caso por caso, sobre miles de pacientes urgentes. Lo que el legislador teme es que el FONSABI se convierta en un solo fondo manejado “en lo oscurito”, sin reglas claras y sin la garantía de que el dinero llegue a quienes más lo necesitan.
Desde su perspectiva, el fondo debería destinar, cuando menos, la mitad de sus recursos —unos 17 mil millones de pesos— para enfermedades catastróficas. Así se asegurarían tratamientos y medicamentos a personas que no tienen seguridad social y enfrentan diagnósticos que la mayoría de las familias no podría costear. Lo demás, dice, puede usarse para construir hospitales o comprar otros insumos, siempre que lo primero quede cubierto.
Lo que más le preocupa es que ahora el FONSABI pretende utilizarse para gasto corriente, mantenimiento y conservación. Y eso, en cualquier administración pública, equivale a absorber recursos extraordinarios para cubrir huecos del presupuesto ordinario. Según el diputado, eso ya se refleja en que los hospitales de alta especialidad e institutos nacionales tienen, sin excepción, menos presupuesto que en 2024. Las crisis recientes del Hospital Juárez, del de Rehabilitación, del Infantil de México y de Nutrición son, para él, señales de que el sistema ya está tensionado.
Y aunque el eje del debate es el dinero para salud, Ramírez Barba también criticó que esta reforma quiera criminalizar a los jóvenes que portan un vapeador. Lo considera un exceso que empuja a los jóvenes a consumir otras sustancias que sí son legales, como el tabaco o la marihuana. En su visión, es una política que no combate el problema de raíz y que, en vez de prevenir, castiga sin criterio.
El trasfondo de todo esto es más grande que una discusión técnica: son decisiones que pueden cambiar la forma en que México atiende las enfermedades más graves y cómo se utiliza un fondo que, por ley, debería proteger a las familias en los momentos más difíciles. Para Ramírez Barba, la reforma no sólo pega a los jóvenes con un enfoque punitivo, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud. Y en un país donde un solo diagnóstico puede dejar a una familia endeudada de por vida, la advertencia no es menor.
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