Por Juan Pablo Ojeda
Después de nueve meses privada de la libertad, la activista mexicana Jeanette Vizguerra Ramírez obtuvo una resolución clave a su favor en Estados Unidos. Una jueza de Inmigración ordenó su liberación bajo fianza al concluir que el Gobierno federal no logró justificar legalmente su detención, la cual se había prolongado sin una revisión adecuada.
La decisión se dio tras una audiencia de fianza celebrada el 19 de diciembre de 2025, ordenada previamente por la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado. Ese tribunal determinó que la detención de Vizguerra se había extendido de manera inconstitucional y que era necesario un examen de custodia para evaluar si existían razones válidas para mantenerla detenida.
En su resolución, la jueza federal Nina Y. Wang advirtió que la activista llevaba nueve meses bajo custodia y que, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, su detención podía alargarse por meses o incluso años. La magistrada también expresó preocupaciones serias sobre el caso, entre ellas la posibilidad de que el arresto y la detención estuvieran relacionados con represalias por su activismo público, una actividad protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Durante el proceso, el tribunal exigió al Departamento de Seguridad Nacional presentar pruebas de que Vizguerra representaba un riesgo para la comunidad o de que existía peligro de fuga. Sin embargo, de acuerdo con su equipo legal y con la organización Comité de Servicios de Amigos Americanos, el Gobierno no logró acreditar ninguno de estos supuestos ante la jueza.
Ante ello, la magistrada ordenó la liberación de Jeanette Vizguerra mediante el pago de una fianza de cinco mil dólares y rechazó la imposición de un sistema de monitoreo electrónico. La familia de la activista informó que cubrirán el monto de inmediato con el apoyo del Immigrant Freedom Fund, por lo que su liberación se concretará en cuanto concluyan los trámites administrativos.
Vizguerra Ramírez reside en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Aunque quedará en libertad supervisada, continuará sujeta a procedimientos migratorios. La resolución no pone fin a su proceso de deportación ni a las impugnaciones legales relacionadas con presuntas violaciones a sus derechos constitucionales, las cuales siguen su curso en tribunales federales.
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