Por Bruno Cortés
En el aniversario de la Constitución de 1917, el diputado Jaime López Vela, de Morena, puso sobre la mesa un tema que rara vez se explica con claridad: cómo las leyes pueden proteger o, al contrario, lastimar a personas concretas en su vida diaria. Desde el Congreso, explicó que en la actual Legislatura se trabajan reformas para reconocer en la Constitución los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+, algo que, dicho en sencillo, significa dejar claro en la ley máxima del país que estas personas tienen los mismos derechos y merecen la misma protección que cualquier otra.
Uno de los puntos centrales es derogar el delito de “riesgo de contagio” del Código Penal Federal, una figura que, según López Vela, no sirve para proteger a la sociedad, pero sí ha sido usada para criminalizar a personas que viven con VIH. El diputado aclaró que la ley ya castiga a quien dañe de manera intencional a otra persona, y eso no cambiaría. Lo que se busca es eliminar una norma que, en los hechos, estigmatiza y desalienta a las personas a buscar atención médica, justo lo contrario de lo que se necesita para enfrentar un problema de salud pública.
Este planteamiento ya tuvo eco en los estados. El Congreso de Colima aprobó un exhorto para que la Cámara de Diputados avance en esa derogación, y la Comisión de Justicia federal ya emitió un dictamen favorable. Además, la propuesta cuenta con el respaldo de la Secretaría de Salud, por lo que López Vela confía en que pronto llegue al Pleno para su votación. El debate no ha sido sencillo: legisladores del PRI y del PAN se opusieron en Colima, pero desde Morena se respondió que no se está quitando castigo al delito, sino eliminando una figura que genera discriminación.
Más allá del tema penal, el diputado también impulsa acciones simbólicas pero con impacto real. Propone que, con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, los estados otorguen un premio con apoyo económico a quienes defienden los derechos de la diversidad sexual. La idea es simple: reconocer el trabajo de activistas y darles recursos para que puedan seguir haciéndolo en un país donde la discriminación sigue siendo cotidiana.
En materia de justicia, López Vela celebró la entrada en vigor de un protocolo nacional para investigar delitos contra personas LGBTTTIQ+, diseñado para que agresiones y homicidios por prejuicio no se investiguen a la ligera ni queden impunes. Ahora busca que todos los estados lo apliquen de manera obligatoria, para que la justicia no dependa del lugar donde ocurra el delito.
El siguiente paso, anunció, será la presentación de la Ley General Trans, prevista para el 18 de febrero. Esta iniciativa busca que el derecho a la identidad de género tenga reconocimiento constitucional, lo que en la práctica facilitaría trámites, reduciría abusos y daría certeza legal a una de las poblaciones más vulneradas.
Desde los estados, representantes de Michoacán y Quintana Roo coincidieron en que las políticas públicas solo funcionan si tienen presupuesto y voluntad política. En Michoacán, explicaron, ya existen reconocimientos al activismo y se trabaja en unidades especializadas para atender delitos contra la diversidad, mientras que en Quintana Roo se lograron trámites gratuitos para el cambio de identidad de género y se avanza hacia una autoridad estatal dedicada al tema.
En conjunto, el mensaje es claro: las reformas que impulsa Jaime López Vela no se quedan en discursos, sino que buscan cambiar reglas, asignar recursos y transformar la forma en que el Estado responde a una realidad que durante décadas fue ignorada. Traducido a la vida diaria, se trata de que la ley deje de ser un obstáculo y se convierta, por fin, en una herramienta de igualdad.
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