Por Juan Pablo Ojeda
A casi diez años de dejar el gobierno de Veracruz y con la mira puesta en salir del Reclusorio Norte en 2026, Javier Duarte de Ochoa enfrenta un giro inesperado que podría derrumbar cualquier plan de libertad anticipada. El gobierno de Guatemala autorizó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) a imputarle nuevos delitos por presuntos desvíos millonarios de recursos federales, especialmente aquellos destinados al sector salud durante su administración (2010–2016).
La decisión es clave. Durante su extradición en 2017, Guatemala solo permitió procesarlo por lavado de dinero y asociación delictuosa, cargos por los que Duarte se declaró culpable. Por la llamada “regla de especialidad”, México no podía abrirle procesos adicionales sin el permiso del país que lo entregó. Ese aval ya llegó y abrió la puerta a su primera acusación federal por peculado.
Un permiso que desbloquea el expediente más grande de corrupción estatal
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había solicitado desde hace meses la autorización a Guatemala para proceder con nuevas imputaciones. Con el visto bueno confirmado por autoridades ministeriales, la FGR presentó la primera carpeta ante un juez del Reclusorio Norte, vinculada a irregularidades en el uso de partidas federales para programas de salud.
La audiencia inicial estaba programada para el 27 de noviembre, pero se suspendió porque la defensa de Duarte informó un problema de salud. El Poder Judicial deberá fijar nueva fecha en los próximos días.
Si la imputación avanza, la FGR podría solicitar prisión preventiva justificada, lo que complicaría seriamente la posibilidad de que Duarte abandone la cárcel en abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia actual por lavado y asociación delictuosa.
El desfalco más grande documentado por la Auditoría Superior de la Federación
Duarte carga con el récord del mayor desfalco estatal documentado en México: más de 62 mil millones de pesos en recursos federales mal manejados, según las observaciones acumuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La cifra supera casos emblemáticos como Segalmex, la “Estafa Maestra”, Odebrecht y Conade.
Las investigaciones apuntan a que, desde el primer año de su gobierno, se instauró un sistema institucionalizado que permitía desviar fondos mediante decretos que reetiquetaban recursos con supuestas “urgencias presupuestales”. Ese esquema habría permitido:
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Redirigir dinero federal a programas no autorizados.
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Simular operaciones a través de empresas fantasma.
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Pagar servicios inexistentes.
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Extraer recursos en efectivo para entregarlos directamente al exgobernador.
Tarek Abdalá, el testigo que cambió el tablero
El nuevo empuje del caso se sostiene en buena parte por el criterio de oportunidad otorgado al ex tesorero estatal, Tarek Abdalá Saad, convertido en testigo clave.
En sus declaraciones, Abdalá detalló que los desvíos eran una práctica institucional y que, en varias ocasiones, recibió instrucciones directas de Duarte para la entrega de dinero en efectivo. También aseguró que se utilizaron empresas fantasma para simular servicios y triangular recursos hacia fines personales.
Sus revelaciones ya derivaron en procesos contra al menos cinco ex funcionarios de Finanzas, pero ahora, por primera vez, se dirigen directamente contra Duarte.
El intento fallido de libertad anticipada
Este nuevo capítulo llega en un momento especialmente delicado para el exgobernador. En noviembre pasado, la jueza Ángela Zamorano Herrera le negó la libertad anticipada, al argumentar que Duarte aún enfrenta un proceso pendiente por desaparición forzada y que no cumplió con los requisitos internos del penal para ser considerado candidato.
Con la autorización de Guatemala y las nuevas imputaciones en marcha, el caso Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate sobre corrupción y rendición de cuentas en México. Para el exmandatario veracruzano, la ruta hacia una posible libertad en 2026 luce más lejana que nunca.
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