Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se abrió una conversación que toca la vida cotidiana de millones de familias: quién cuida y en qué condiciones. La diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, encabezó una reunión entre el Grupo de Trabajo en Materia de Cuidados y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), dirigida en México por Chiaki Kobayashi, con un objetivo claro: aprender de la experiencia japonesa para construir en México un sistema de cuidados más justo y profesional.
El tema no es menor. Todas las personas, en algún momento de su vida, van a necesitar cuidados: en la infancia, durante una enfermedad o en la vejez. Pero en México, esa responsabilidad casi siempre recae en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres. Lo que se está buscando desde el Congreso es cambiar esa lógica y reconocer el cuidado como un derecho y también como un trabajo que debe tener respaldo legal y laboral.
Evangelina Moreno explicó que se buscará asesoría técnica de JICA para fortalecer las iniciativas que están en construcción. La meta es garantizar el derecho a un cuidado digno y, al mismo tiempo, reconocer derechos laborales a quienes cuidan a personas en situación de vulnerabilidad. Esto significa hablar de seguridad social, contratos formales, capacitación y condiciones justas, no solo de buena voluntad.
La diputada María del Rosario Orozco Caballero puso el dedo en una herida común: el difícil equilibrio entre trabajo y familia. Señaló que el cuidado no es solo un asunto privado, sino una corresponsabilidad que involucra al Estado, a las empresas y a la sociedad. Cuando alguien deja de trabajar para cuidar a un familiar, la economía del hogar se resiente. Por eso, legislar sobre licencias laborales y apoyos no es un lujo, es una necesidad.
En esa línea, la diputada Marisela Zúñiga Cerón recordó que el grupo de trabajo ya presentó una propuesta de reforma constitucional y una iniciativa relacionada con licencias para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, además de impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT, que promueve la igualdad de oportunidades para personas con responsabilidades familiares. La idea es que nadie pierda su empleo o sus derechos por cuidar.
También se está impulsando la creación de una Red Mexicana de Apoyo a Personas Cuidadoras, integrada por organizaciones civiles, académicos, sindicatos y personas cuidadoras. La intención es que no sea solo un debate legislativo, sino una agenda construida con quienes viven esta realidad todos los días.
Desde el Estado de México, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez destacó la importancia de escuchar a Japón, un país que enfrenta uno de los mayores retos demográficos del mundo. Cerca del 30 por ciento de su población supera los 65 años. Lo que allá ya es presente, aquí es futuro. Y si no se planea desde ahora, en unas décadas el sistema podría colapsar.
El director de JICA en México, Chiaki Kobayashi, subrayó que el envejecimiento no debe verse solo como problema, sino también como oportunidad. En Japón ha crecido lo que llaman la economía plateada: productos y servicios pensados para personas mayores, desde tecnología hasta turismo y vivienda especializada. Es decir, atender a una población envejecida también puede generar empleo y desarrollo.
El doctor Yuasa Motoyuki, profesor de la Universidad Juntendo, explicó que Japón empezó a prepararse hace seis décadas. Primero evaluaron las necesidades reales de cuidado y clasificaron a la población mayor según su nivel de dependencia. La estrategia es clara: ayudar a que quienes pueden mantenerse independientes lo sigan siendo el mayor tiempo posible y ofrecer servicios de calidad a quienes requieren apoyo más intensivo.
En México, donde la población aún es mayoritariamente joven, el mensaje es preventivo: el bono demográfico no es eterno. Si en 75 años el país tendrá una población mucho más envejecida, las reglas deben empezar a cambiar hoy. Eso implica diseñar un Sistema Nacional de Cuidados que combine parte legal, jurídica y laboral, con empresas dispuestas a contratar personas cuidadoras con seguridad social y con mecanismos de acompañamiento jurídico gratuito en casos de discriminación o despido por responsabilidades de cuidado.
La discusión en el Congreso no es técnica ni lejana. Es la historia de millones de personas que cuidan a un padre, una madre o un hijo con discapacidad y que lo hacen sin salario, sin descanso y sin respaldo. Lo que se intenta construir es un modelo donde cuidar deje de ser una carga invisible y se convierta en una responsabilidad compartida y reconocida por la ley.
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