Por Bruno Cortés
La discusión sobre una nueva reforma electoral ya llegó a la Cámara de Diputados, pero antes de que siquiera empiece el debate formal en comisiones, la oposición ya dejó clara su postura. El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, aseguró que su bancada no respaldará la iniciativa enviada por el Gobierno Federal y que, cuando llegue el momento de votar, no contará con “un solo voto” de Acción Nacional.
El mensaje del legislador fue directo: para el PAN, la propuesta no mejora la democracia ni amplía los derechos de los ciudadanos. En términos sencillos, lo que dice Lixa es que cualquier reforma electoral debería servir para que las elecciones sean más limpias, más seguras y más representativas. Pero, según su lectura, la iniciativa que llegó a San Lázaro no cumple con ese objetivo.
Uno de los puntos que más criticó el coordinador panista tiene que ver con algo que se ha vuelto cada vez más preocupante en los procesos electorales: la influencia del crimen organizado. Lixa sostuvo que la propuesta prácticamente no menciona el problema, a pesar de que en varias regiones del país se han documentado presiones, amenazas o interferencias criminales en campañas y votaciones.
Para explicarlo en términos simples: si el objetivo de una reforma electoral es mejorar las reglas del juego democrático, el PAN considera que ignorar el papel del crimen organizado en las elecciones significa dejar intacto uno de los mayores riesgos para la democracia en México. Por eso, dijo, su partido ha insistido desde hace años en establecer sanciones más claras contra la llamada “narcopolítica”, es decir, políticos o partidos que tengan vínculos con grupos criminales.
Otro tema que generó críticas fue la forma en que se presentó la iniciativa. Según Lixa, el gobierno envió una reforma constitucional que hace referencia a cambios en leyes secundarias, pero sin presentar esos cambios completos. En la práctica, eso significa que el Congreso tendría que votar primero modificaciones a la Constitución sin conocer todos los detalles de cómo se aplicarán después las nuevas reglas.
Desde la perspectiva del PAN, ese método deja demasiados espacios abiertos y podría permitir que las reglas se definan más adelante sin el mismo nivel de discusión pública. Por eso, el coordinador panista calificó el proceso como una simulación legislativa.
Lixa también aseguró que la propuesta no surgió de un diálogo amplio entre las distintas fuerzas políticas. De acuerdo con su versión, ni siquiera todos los aliados del oficialismo habrían participado plenamente en la construcción del proyecto. En su opinión, una reforma electoral sólida debería construirse con consenso, porque se trata de las reglas que determinan cómo se compite por el poder político.
El legislador también recordó que su partido ha presentado propuestas propias en el pasado. Entre ellas, eliminar la sobrerrepresentación en el Congreso —un fenómeno que ocurre cuando un partido obtiene más curules de las que proporcionalmente le corresponderían por su porcentaje de votos— y establecer sanciones penales contra políticos vinculados con el crimen organizado.
Mientras tanto, la discusión apenas comienza. La iniciativa tendrá que pasar por comisiones legislativas, donde se analizará y eventualmente se votará. El PAN ya adelantó que acudirá a esas reuniones, pero con una posición definida: participar en el debate, pero votar en contra.
En paralelo, legisladores panistas también solicitaron que se transparente el trabajo realizado durante meses por la comisión encargada de elaborar la propuesta de reforma electoral. Quieren saber cuánto dinero se gastó, con quién se reunió y cuáles fueron las conclusiones de los foros realizados.
Así, la reforma electoral arranca su camino en el Congreso en medio de un ambiente político tenso. Más allá del contenido de la iniciativa, lo que está en juego es algo fundamental: las reglas que definirán cómo se compite por el poder en México durante los próximos años.
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