Por Bruno Cortés
Mientras muchos debates en el Congreso se atascan entre grillas y discursos que no llegan a nada, hay iniciativas que tocan fibras más humanas. Así ocurrió cuando la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN, tomó el micrófono para hablar de algo que muchos ignoran: la salud mental de niñas, niños y adolescentes en México.
Acompañada por otras diputadas y diputados de su bancada, Márquez explicó que está impulsando una propuesta para que las escuelas del país cuenten con programas formales y bien diseñados para atender la salud mental. No se trata sólo de hablar bonito sobre el tema, sino de establecer protocolos claros de atención, contención y seguimiento emocional dentro de los planteles. Porque, como dijo, “el 5% del gasto no es suficiente” y el abandono institucional es evidente.
Y es que las cifras duelen. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una de cada tres adolescentes mexicanas muestra síntomas de depresión. Lo más grave: más del 80% de quienes necesitan ayuda no la reciben. ¿Por qué? Porque el estigma, la desinformación y la falta de servicios los dejan solos.
La diputada Liliana Ortiz lo ejemplificó con el caso trágico de Fátima, la niña de 13 años empujada desde un tercer piso por sus compañeros. Ese caso, lejos de ser aislado, es un síntoma de algo más profundo que está fallando en las escuelas, en las familias y en la sociedad.
Por eso, desde el PAN proponen no sólo atender los casos cuando estallan, sino formar desde edades tempranas en habilidades socioemocionales, empatía y valores. ¿Cómo? Coordinando acciones entre la Secretaría de Educación, la de Salud y los DIF estatales, para que la escuela deje de ser un espacio de riesgo y se convierta en un entorno de protección.
Pero la salud mental no es el único frente. Márquez también está empujando que el Estado esté obligado, por ley, a garantizar estancias infantiles en todo el país. No se trata de “guarderías”, aclara, sino de educación inicial, estimulación temprana y desarrollo de capacidades desde los primeros años de vida. El desmantelamiento de estos espacios, según dijo, acentuó la desigualdad, pues dejó a muchas madres sin opciones y a miles de niños sin cuidados adecuados.
Y no se quedó ahí. También pidió que regresen las escuelas de tiempo completo, esas que ofrecían comida, horarios extendidos y actividades culturales, deportivas y tecnológicas. Su impacto, explicó, va más allá del aprendizaje: ayudan a las familias trabajadoras y mantienen a los menores alejados de entornos violentos.
Otro punto que trajo a la mesa fue la preocupación por los libros de texto. Según Márquez, no se trata de censura, sino de revisar con lupa los contenidos para asegurarse de que sean adecuados a la edad, con base científica y con participación de madres y padres. Porque, como lo dijo, algunos materiales actuales no están diseñados con ese cuidado y eso inquieta a muchos.
Finalmente, lanzó un llamado claro: sin presupuesto suficiente, todo esto se queda en discursos. Hay que invertir en infraestructura, mejorar las condiciones de los docentes, contratar psicólogos y garantizar comida en las escuelas. Porque si queremos hablar de calidad educativa de verdad, no basta con pintar paredes o repartir libros: hay que mirar el bienestar completo de las niñas y los niños.
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