Por Bruno Cortés
En San Lázaro arrancó una discusión que, aunque parece técnica, toca una realidad que ya alcanzó a miles de familias mexicanas: la ludopatía. Ese impulso incontrolable de apostar que empieza como entretenimiento, pero termina vaciando billeteras, rompiendo relaciones y afectando la salud mental. Por eso, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, propuso que este problema sea reconocido formalmente como un asunto de salubridad general, es decir, algo que el Estado debe atender con la misma seriedad que cualquier otra adicción.
La iniciativa, que modifica los artículos 3º y 73 de la Ley General de Salud, quiere que la ludopatía deje de verse como un mal hábito y se trate como lo que es: un trastorno crónico, adictivo y creciente. Con ese simple cambio legal, las instituciones del Sistema Nacional de Salud —IMSS, Conadic, ISSSTE, hospitales estatales— estarían obligadas a prevenir, diagnosticar y ofrecer tratamiento especializado. No sería un programa aislado, sino una política pública completa y permanente.
La lógica es clara: cuando el Estado reconoce un problema como de salud pública, no solo se abre la puerta a servicios clínicos, sino también a capacitación del personal, protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud y programas de rehabilitación que hoy no existen o están dispersos. La diputada Rojo Pimentel lo explicó así: si no se toma en serio, la ludopatía seguirá creciendo en silencio, dañando la salud emocional y económica de las personas, y desgastando la cohesión social del país.
Y no se trata de una alarma inventada. El IMSS ya había emitido una advertencia sobre el “juego patológico”, alertando sobre las personas que no pueden frenar las apuestas y que poco a poco ven afectada su vida familiar, laboral y personal. La Conadic también ha intentado cubrir este terreno integrándolo en su marco general de adicciones, pero su capacidad no alcanza para atender la magnitud del problema.
El crecimiento de las apuestas en línea —a un clic, a cualquier hora— ha acelerado todo: más accesibilidad, más normalización, más personas jóvenes involucrándose sin saber que están entrando a una adicción real. Y, como no hay un marco jurídico específico, muchos quedan a la deriva sin diagnóstico, sin apoyo y sin información.
La propuesta legislativa apunta justo ahí: fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, darles base legal y herramientas para intervenir y no solo reaccionar. Y, a diferencia de otras iniciativas que exigen nuevos presupuestos, esta se apoya en algo muy pragmático: aprovechar la infraestructura ya existente para atender adicciones. Centros de atención, psicólogos, líneas de ayuda, programas comunitarios y protocolos clínicos ya operan para otras conductas adictivas; solo falta incluir de manera explícita la ludopatía.
La idea, en pocas palabras, es integrar este trastorno sin crear un aparato burocrático nuevo, sino sumarlo a un sistema que ya trabaja en salud mental y adicciones. Con esto, el Estado podría actuar más rápido y con más claridad, evitando que la ludopatía siga creciendo en la sombra.
La pelota está ahora en la Comisión de Salud, que deberá analizar la iniciativa. Pero el mensaje de la diputada Rojo Pimentel es contundente: si no se legisla ahora, el problema será mucho más grande mañana. Y, como tantas veces pasa en el Congreso, la pregunta es si la política irá al ritmo del país… o si llegarán tarde otra vez.
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