Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano comenzó una de esas conversaciones que, si se concretan, podrían cambiar la manera en que se gobierna el país. Durante el foro “Construyendo una administración pública para los nuevos tiempos”, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lanzó una invitación abierta: sentarse todos —partidos, sectores sociales, expertos y ciudadanos— a repensar cómo debería funcionar el gobierno para que sirva mejor y sea más transparente.
Dicho así puede sonar abstracto, pero la idea es simple: el gobierno necesita actualizar su forma de trabajar, igual que cualquier empresa o familia que ajusta sus métodos con el paso del tiempo. Ramírez Cuéllar habló de crear un “nuevo modelo de administración pública”, una especie de rediseño de cómo se toman decisiones, se gasta el dinero público y se evalúa si ese gasto realmente mejora la vida de las personas. En palabras más claras: cómo lograr que cada peso de los impuestos se note en las calles, los hospitales y las escuelas.
La diputada Claudia Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, aplaudió la idea y añadió un punto clave: ya no basta con la “voluntad política”, sino que se necesitan capacidades, talento y profesionalismo. Y tiene razón. Porque muchas veces, aunque las intenciones sean buenas, el problema está en la falta de preparación o de coordinación entre quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas. Salas insistió en que los recursos deben medirse por su impacto real en la vida diaria, no solo en cifras o informes.
Desde el PAN, Tania Palacios Kuri puso el foco en algo que a menudo se pasa por alto: la transparencia como base de la confianza ciudadana. Explicó que cuando se habla de rediseñar la administración pública, no se trata solo de mover papeles o cambiar organigramas, sino de hacer que el gobierno sea más abierto y eficiente, pensando en los desafíos del futuro: la tecnología, el cambio climático y las crisis sanitarias.
Palacios incluso propuso un “decálogo” de futuro para el gobierno mexicano, una especie de lista de buenos propósitos que van desde digitalizar sin excluir, usar datos para decidir mejor, hasta poner a las personas en el centro del servicio público. En resumen: hacer que la burocracia deje de ser un monstruo y se convierta en una herramienta útil.
Del lado de Morena, Magda Erika Salgado Ponce hizo una reflexión profunda: la infraestructura más valiosa de un país no son los puentes ni las carreteras, sino las personas. Los maestros, los médicos, los trabajadores sociales —esa “infraestructura humana”— son quienes realmente sostienen al Estado. Por eso, dijo, el servicio público necesita una revolución ética, una formación que combine profesionalismo con vocación. Que los servidores públicos se sientan orgullosos de servir, no de obedecer.
Finalmente, el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, también de Morena, coincidió en que el gran reto está en atraer y mantener talento dentro del gobierno, pero sin caer en el viejo modelo de los favores y las lealtades políticas. Explicó que, en muchos municipios, el sistema público aún se maneja más por amistades y compromisos sindicales que por mérito o experiencia, lo que rompe la continuidad de los proyectos y frena el desarrollo.
Lo que todos los legisladores coincidieron en señalar es que México necesita repensar su forma de gobernar. No se trata de inventar una nueva burocracia, sino de modernizarla, profesionalizarla y hacerla más humana. En pocas palabras: un gobierno que sirva, no que estorbe.
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