Por Bruno Cortés
En México, pedir justicia a veces es como hablarle al viento. Pero esta vez, las comunidades indígenas de Guanajuato y Querétaro alzaron la voz… y el Poder Judicial les dio la razón. Gracias a un amparo promovido por sus propias autoridades y defensores, un juez federal ordenó que se les aumente 10% el presupuesto del FAISPIAM, el fondo federal que se usa para llevar infraestructura básica —agua potable, drenaje, electrificación— a pueblos indígenas y afromexicanos.
La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, de Morena, lo calificó como un logro enorme en favor de los pueblos originarios. Y lo dijo acompañada por su compañero de bancada, el diputado Jaime López Vela, y activistas que llevan años denunciando que las leyes estatales a veces pisan los derechos que la Constitución ya reconoce para las comunidades indígenas.
La historia arranca con una ley del estado de Guanajuato que, según las comunidades, buscaba imponer una forma de gobierno municipal sin consultar a quienes ya tienen sus propias formas de organización. Se trata de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios, que fue señalada como inconstitucional porque pasa por alto la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios, principios que están claramente protegidos en el artículo 2 de la Constitución, reformado recientemente.
El amparo se presentó el 30 de octubre de 2024 y acaba de resolverse a favor de las comunidades, marcando un precedente muy importante: los pueblos indígenas no solo tienen derecho a participar, sino a decidir cómo se gobiernan, cómo se organizan y cómo se destinan los recursos en su territorio. Y además, tienen derecho a un presupuesto suficiente para ejercer esos derechos.
Lo que sigue es clave. Como dijo la activista Guadalupe Camacho, ahora los estados tienen que homologar sus leyes con la Constitución. No pueden seguir existiendo marcos legales estatales que contradigan derechos ya reconocidos a nivel federal. Este amparo no solo invalida la ley local impugnada, también pone el reflector sobre una deuda histórica con las comunidades indígenas.
Desde la comunidad ñañu, Doroteo Mendieta Osornio también alzó la voz: esto no es un tema menor, porque implica desmantelar leyes estatales que van contra la Constitución y que han servido para invisibilizar a los pueblos originarios. El Congreso local de Guanajuato y el gobernador fueron los directamente señalados en este amparo, y ahora la ley que promovieron queda sin efecto.
La buena noticia es que Querétaro también se suma a este logro, ya que muchas comunidades —como los otomíes y chichimecas— están hermanadas entre ambos estados y comparten las mismas luchas.
Esto no es solo un tema jurídico. Es una victoria política, social y simbólica. Porque el derecho al presupuesto, el respeto a la autonomía y el reconocimiento legal no deberían ser una pelea constante, sino una realidad garantizada para todas y todos. Esta vez, los pueblos ganaron en los tribunales. Falta que esa victoria se sienta en cada comunidad, en cada obra, en cada decisión.
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