Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje directo a los empresarios gasolineros: el aumento en los precios del diésel y la gasolina premium no está justificado y podría estar aprovechando el contexto internacional.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que ha detectado incrementos importantes, particularmente en el diésel, que ya ronda precios elevados en distintas regiones del país. Y lo dijo con claridad: no hay razón suficiente para que el combustible alcance esos niveles, sobre todo cuando existen incentivos fiscales diseñados precisamente para evitar estos aumentos.
Para entender el fondo del asunto, hay que verlo así: cuando sube el precio del diésel, no solo afecta a quienes cargan combustible. Impacta directamente en el costo del transporte de mercancías, lo que eventualmente se traduce en productos más caros. Es decir, el golpe termina llegando al bolsillo de todos.
Por eso, el gobierno federal ya tomó cartas en el asunto. La Secretaría de Energía convocará a los empresarios gasolineros a una reunión junto con el director de Petróleos Mexicanos para revisar lo que está ocurriendo en el mercado.
Sheinbaum fue enfática en un punto clave: no se trata de imponer controles de precios. En otras palabras, el gobierno no está fijando cuánto deben costar los combustibles, pero sí busca evitar abusos o prácticas que distorsionen el mercado en perjuicio de los consumidores.
En este proceso también participará la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene la tarea de vigilar que los precios sean justos y que no haya irregularidades en la venta de combustibles.
El contexto internacional, particularmente la tensión en Medio Oriente, suele influir en los precios del petróleo. Sin embargo, el gobierno considera que algunos incrementos en México no responden directamente a esos factores, sino a decisiones internas de comercialización.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema constante en la política energética del país: cómo equilibrar un mercado abierto con la necesidad de proteger a los consumidores y evitar impactos inflacionarios.
Al final, lo que está en juego no es solo el precio en la gasolinera, sino el efecto en toda la economía, desde el transporte hasta el costo de la vida diaria.
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