El hecho se registró el 3 de enero de 2026 en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, donde el vehículo conducido por la imputada impactó al motociclista y continuó su marcha sin detenerse, provocándole lesiones fatales. El momento fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, lo que generó indignación pública y presión social para el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras el atropellamiento la conductora abandonó el lugar y permaneció prófuga durante más de un mes, por lo que se integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, al considerar la agravante de la fuga posterior al impacto.
La detención de Gaby “N” se llevó a cabo el 9 de febrero de 2026 en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades estatales, informó la propia Fiscalía capitalina.
Durante la audiencia inicial celebrada en los juzgados del Reclusorio Oriente, un juez de control calificó como legal la detención, formuló la imputación correspondiente y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, concedió la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 16 de febrero.
El traslado de la imputada al penal femenil de Santa Martha Acatitla se realizó entre el 10 y 11 de febrero bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar el orden y prevenir incidentes durante su ingreso.
En el exterior de los juzgados, familiares de la víctima, entre ellos su madre Odilia y su pareja Wendy Leyva, exigieron justicia y señalaron la afectación emocional provocada por la fuga inicial de la acusada. Colectivos de motociclistas también se manifestaron para demandar sanciones más severas en casos de atropellamientos con huida del responsable.
El caso ha reavivado el debate público sobre la necesidad de endurecer las penas por delitos viales graves y ha impulsado en redes sociales la propuesta conocida como “Ley Roberto”, que busca fortalecer el marco legal contra conductores que abandonan a sus víctimas tras un accidente, discusión que, hasta el momento, no ha sido formalizada en el Congreso local.
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