El gobierno federal soltó un bombazo informativo esta semana desde Palacio Nacional. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, puso bajo la lupa un boquete financiero histórico: miles de extrabajadores de dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Pemex y CFE cobran pensiones que van de los 100 mil hasta el millón de pesos mensuales. Para frenar este gasto al erario, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para reformar el artículo 127 constitucional y topar estas jubilaciones a 70 mil pesos, monto equivalente a la mitad de su salario.
La movida no es menor, pues los números están de a peso. Según los datos oficiales presentados, mantener a esta cúpula de pensionados le cuesta al país alrededor de 28 mil millones de pesos anuales, tan solo en el caso de los más de nueve mil extrabajadores de LyFC. En una ciudad donde el ciudadano de a pie se la rifa todos los días y sobrevive con una pensión promedio del INEGI de apenas 7,092 pesos al mes, la revelación de que existen pagos 140 veces mayores ha caído como balde de agua fría entre los contribuyentes formales.
El anuncio presidencial no llega en un momento de aguas tranquilas. Justo en estos días de febrero de 2026, el ambiente político está al rojo vivo tras la publicación del libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Voces de la oposición y analistas señalan que esta cruzada gubernamental podría funcionar como una maniobra mediática para desviar la atención de la obra, la cual documenta pugnas internas y acusa al entorno de Comunicación Social de presuntos desvíos por 27 mil millones de pesos durante el sexenio pasado.
Sin embargo, las cifras expuestas por la Secretaría Anticorrupción son contundentes y documentan una asimetría innegable. Además de LyFC, se exhibió que 544 exfuncionarios de Pemex y 2,199 de la Comisión Federal de Electricidad rebasan por mucho el salario de la actual jefa del Ejecutivo. En instituciones de la banca de desarrollo, como Banobras, Nafin y Bancomext, también saltaron a la luz decenas de jubilaciones estratosféricas otorgadas a personal de confianza de altos mandos.
Desde el atril, el mensaje central de la administración federal ha sido claro: no se tocará a los sindicalizados de base, pero se eliminarán los privilegios de las altas esferas. El argumento jurídico y moral es que estos pagos exorbitantes chocan de frente con los principios de la austeridad republicana, y que el Estado mexicano ya no tiene la capacidad ni la obligación de sostener retiros millonarios para una minoría.
A pesar de que las autoridades subrayaron que el tijeretazo va dirigido exclusivamente al personal de confianza, en los pasillos de los grandes sindicatos (SME, STPRM y SUTERM) ya hay caras largas y evidente nerviosismo. Para la base trabajadora, que aún tiene fresco el trauma de la extinción de LyFC en 2009, existe el temor fundado de que esta reforma constitucional sea apenas la punta de lanza para, eventualmente, revisar y modificar a la baja sus propios contratos colectivos.
El tiro está cantado y el terreno jurídico se perfila como el próximo gran campo de batalla capitalino. Expertos en derecho laboral anticipan una auténtica avalancha de amparos en los juzgados. El nudo principal radica en el principio constitucional de la no retroactividad de la ley; el gobierno sostiene que la medida no es retroactiva porque no exigirá devoluciones pasadas, pero ajustará los cheques futuros, un criterio que los inconformes pelearán con uñas y dientes hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De concretarse la reducción propuesta, la bolsa calculada en ahorros rondaría los cinco mil millones de pesos anuales, recursos que se inyectarían a los programas de bienestar. No obstante, el reto de fondo será sanar la crisis de confianza del trabajador formal, quien observa con cautela cómo el Estado maniobra con los fondos de retiro, recordando episodios recientes como la transferencia de 40 mil millones de pesos de Afores inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Al final del día, el chilango que madruga para tomar el Metro o lidia con el tráfico en Zaragoza es quien saca sus propias conclusiones. Mientras los tribunales deciden si es válido meter freno de mano a estas jubilaciones de lujo y los actores políticos cruzan acusaciones por las revelaciones de un libro, la verdadera prueba para el Estado será garantizar que el dinero ahorrado se traduzca en infraestructura real y no se pierda en el laberinto del presupuesto público.
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