La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este domingo su rechazo categórico al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) sobre la crisis de personas desaparecidas en México. El organismo nacional acusó al comité internacional de omitir las acciones operativas y presupuestales ejecutadas por el Estado mexicano para revertir dicha problemática.
De acuerdo con el posicionamiento del órgano dirigido por Rosario Piedra Ibarra, el informe de la ONU carece de objetividad al no ponderar la asignación de recursos financieros dirigidos a la búsqueda de personas. La dependencia mexicana sostuvo que el organismo internacional priorizó las evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil sobre los informes oficiales.
La CNDH argumentó que el reporte del CED minimiza el impacto histórico y las repercusiones estructurales derivadas de la estrategia de seguridad denominada «Guerra contra el Narcotráfico», implementada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Según el organismo, este periodo generó la inercia de violencia que las mediciones actuales omiten ponderar justamente.
La institución mexicana aseguró que, con base en sus registros internos de quejas y expedientes, las desapariciones forzadas perpetradas directamente por autoridades de nivel federal registran una tendencia a la baja desde el 1 de diciembre de 2018. El comunicado sostiene que dichos incidentes han alcanzado niveles mínimos estadísticos en la presente administración.
Esta confrontación institucional ocurre luego de que el Comité de la ONU determinara elevar la situación del territorio mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con carácter de urgencia. El organismo internacional catalogó la persistencia de las desapariciones en México bajo la tipificación de crímenes de lesa humanidad.
La CNDH reiteró en su pronunciamiento que la desaparición forzada dejó de constituir una política de Estado en el país. El organismo diferenció las prácticas sistemáticas del pasado frente a los incidentes aislados que se registran actualmente en diversas entidades federativas.
Finalmente, el organismo defensor de derechos humanos radicado en la Ciudad de México llamó a las instancias internacionales a revisar sus metodologías de recopilación de datos. La comisión enfatizó la necesidad de incluir los informes de la Comisión Nacional de Búsqueda para obtener un balance cuantitativo certero sobre el fenómeno.
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