Bahía de Banderas se consolidó durante casi dos décadas como escenario de operaciones inmobiliarias que involucran a exgobernadores, empresarios, notarios y funcionarios. Lo que comenzó como un fideicomiso público para impulsar el desarrollo turístico terminó en la venta de terrenos, disputas legales millonarias y acusaciones que hoy desafían a las instituciones estatales.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Nayarit lanzó el Megaoperativo Nuevo Nayarit, con el objetivo de recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante los sexenios de Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
Las investigaciones revelan que en el gobierno de González se documentaron 11 operaciones sobre 48 inmuebles, con un daño estimado en 7 mil 457 millones de pesos. Durante la administración de Sandoval se registraron seis movimientos sobre 36 bienes, con un impacto calculado en mil 450 millones. El total de perjuicios asciende a 9 mil millones, aunque el valor actual de los inmuebles podría superar los 30 mil millones de pesos.
El operativo permitió asegurar fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en Bahía de Banderas y Compostela. Los inmuebles se incorporarán al Fideicomiso Nuevo Nayarit (FINN), que reemplazará al FIBBA, con recursos destinados a financiar pensiones y jubilaciones de los trabajadores estatales.
Los litigios derivaron en amparos para más de 80 familias, quienes alegan que adquirieron los bienes de buena fe y que los delitos han prescrito, tras transcurrir entre 14 y 20 años. Paralelamente, continúan procesos penales contra exapoderados y empresarios vinculados a la administración de González, entre ellos Iván “N”, apoderado legal de Inmobiliaria Bains S.A. de C.V., relacionada con Héctor Cárdenas Curiel, prófugo y señalado como prestanombres del exgobernador.
En la misma red se ubican los hermanos Diego y Federico Valenzuela Cadena, ligados a firmas como Desarrollo Turístico El Playón, Dynamica y Valca, acusadas de despojo y administración fraudulenta. Asimismo, se cuestiona la participación de CIBanco, que habría triangulado operaciones mediante empresas como Maedit, Zerex, Drosotec, Up Experience y Arrivox.
Este año se sumó la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del gobierno estatal, acusado de cohecho, tráfico de influencias, intimidación y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una investigación de Proceso documenta que su despacho privado, Camarena & Compeán S.C., recibió más de 36 millones de pesos de una desarrolladora turística a cambio de favores para consolidar un hotel de lujo. Se espera que, al concluir los procesos penales y civiles, Nayarit recupere más de 50 inmuebles.
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