Por Bruno Cortés
¡Vaya joyita nos venimos encontrando en el camino de la rendición de cuentas! Resulta que en el estado de Campeche, donde se dice que «el que no cae, resbala», la administración de Layda Sansores San Román ha decidido que la transparencia no es precisamente su fuerte. Desde que tomó las riendas del gobierno estatal en septiembre de 2021, las dependencias han aplicado un «silencio de radio» en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dejando a los ciudadanos con las ganas de saber en qué se gasta cada peso del erario.
La bronca no es menor, pues se trata de un bloqueo sistemático a los resultados de las auditorías realizadas a su gestión. Al echarle un ojo a los registros oficiales, salta a la vista que la información brilla por su ausencia; parece que en los despachos de la capital campechana se les olvidó que subir esos datos no es una opción, sino un mandato de ley que no debería estar sujeto al humor de quien ostenta el poder.
A pesar de que la ley obliga a todos los sujetos obligados a publicar los resultados de las revisiones de la cuenta pública y las auditorías internas, la realidad en el «estado del jaguar» es otra. Los usuarios que intentan consultar el desempeño administrativo de secretarías clave se topan con una pared de omisiones que ya despertó la suspicacia de propios y extraños, poniendo en tela de juicio el discurso de honestidad que tanto se cacarea en los eventos oficiales.
El contexto histórico de esta opacidad es preocupante. Durante casi cuatro años de mandato, la administración sansoresista ha navegado en aguas turbias respecto al manejo de contratos y licitaciones. Esta falta de datos en la PNT impide que organismos de la sociedad civil y periodistas de investigación puedan contrastar si los recursos destinados a infraestructura o programas sociales realmente llegaron a su destino o se quedaron «atorados» en alguna tubería burocrática.
Incluso, voces de la oposición y expertos en fiscalización han señalado que este comportamiento es un retroceso democrático. No es cualquier cosa que un gobierno estatal decida, por sus pistolas, ignorar las herramientas digitales diseñadas para combatir la corrupción. En la Ciudad de México diríamos que «están tapando el sol con un dedo», pero en Campeche, la situación ya escaló a los tribunales de la opinión pública que exigen claridad.
Las declaraciones de las autoridades estatales han sido, por decir lo menos, evasivas. Mientras los organismos de transparencia nacionales insisten en que Campeche debe ponerse al corriente, en la entidad se limitan a decir que los procesos están «en revisión» o que se trata de fallas técnicas. Sin embargo, tres años y feria es mucho tiempo para que un sistema no funcione, ¿no cree usted, estimado lector?
Este «bloqueo» informativo también afecta la percepción de los inversionistas y la confianza ciudadana. En un estado que busca diversificar su economía más allá del petróleo, la falta de claridad en las cuentas públicas es un balazo en el pie. La ausencia de auditorías publicadas significa que no hay forma de verificar la eficiencia del gasto ni de detectar posibles desvíos que, históricamente, han sido el pan de cada día en las administraciones estatales.
Para el ciudadano de a pie, esta falta de transparencia se traduce en incertidumbre. ¿Cómo saber si el dinero para el bacheo, las escuelas o los hospitales se está usando bien si no hay un papel que lo respalde? La Plataforma Nacional de Transparencia nació precisamente para que cualquier hijo de vecino pudiera vigilar a sus gobernantes, pero en Campeche, esa ventana parece tener las cortinas bien cerradas y con doble nudo.
El cierre de este capítulo informativo aún está lejos de verse. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene una papa caliente en las manos, pues deberá determinar las sanciones o medidas de apremio para que el gobierno de Sansores deje de jugar a las escondidas con las cifras y cumpla con lo que la ley le demanda.
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