Foto y texto Por Bruno Cortés
Este martes 14 de abril de 2026, el diputado federal Leonel Godoy Rangel oficializó la fractura electoral entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de San Luis Potosí, derivado de la negativa morenista a respaldar la candidatura de la esposa del actual mandatario estatal. Simultáneamente, el legislador exigió la intervención de las fiscalías locales tras el asesinato de un defensor ambiental en el municipio de Villa Madero, Michoacán.
La disputa política en San Luis Potosí obedece a la aplicación estricta de los estatutos internos de Morena, los cuales prohíben la transferencia de cargos públicos a familiares directos. La coalición oficialista, que proyecta mantenerse operativa en 16 entidades federativas para los próximos comicios, operará de forma independiente en el territorio potosino, donde ambos partidos competirán como adversarios directos en las urnas.
Godoy detalló que la restricción estatutaria es categórica y abarca a familiares de gobernadores, presidentes municipales y representantes distritales en funciones. La advertencia del PVEM de competir en solitario si no se aprueba su propuesta de candidatura fue desestimada por la cúpula de Morena, priorizando el reglamento interno sobre la alianza estratégica estatal.
En paralelo a la agenda electoral, la comisión de un homicidio en Michoacán concentra la atención de la bancada. El asesinato del activista ambiental en Villa Madero visibiliza la crisis de seguridad en zonas forestales, un sector afectado por la operatividad de grupos del crimen organizado dedicados a la extracción maderera al margen de la ley.
Las cifras de deforestación en la región purépecha están intrínsecamente ligadas a la violencia territorial. Godoy urgió a las autoridades ministeriales de Michoacán a ejecutar órdenes de aprehensión expeditas que desarticulen tanto a los autores materiales del crimen como a las redes de tala clandestina que operan en la demarcación.
El legislador descartó que la aplicación de estas medidas estatutarias en Morena represente una fragmentación generalizada del partido. Negó la existencia de renuncias en la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde, calificando su actuación como una estricta ejecución del mandato partidista, a pesar de las presiones de facciones locales.
La resolución de ambas crisis, tanto la judicial en Michoacán como la electoral en San Luis Potosí, definirá la viabilidad de la estrategia de seguridad ambiental y la integridad del padrón de candidatos del oficialismo a escasos meses de la apertura formal de los procesos electorales locales y federales.
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