Ciudad de México, 13 de abril de 2026. Un incidente ocurrido el pasado 11 de abril en la ciclovía de Calzada de Tlalpan evidenció la creciente tensión social en torno al proyecto “La Gran Tenochtitlan”, luego de que presuntas trabajadoras sexuales agredieran a ciclistas y destruyeran el equipo de uno de ellos, en un hecho que ha generado cuestionamientos sobre la gestión del espacio público en la capital.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, tres mujeres bloquearon el paso en el tramo cercano a Viaducto y arrebataron la cámara instalada en la bicicleta de un ciclista, la cual fue estrellada contra el suelo y posteriormente arrojada a un bajopuente. El video del incidente fue compartido por el afectado, identificado como Mauricio García.
Según el propio testimonio, no hubo mediación previa ni discusión que detonara el ataque, lo que ha sido interpretado por colectivos ciclistas como un acto directo de violencia. Hasta el momento, no se ha confirmado la intervención inmediata de elementos de seguridad en el lugar.
El caso se inserta en un conflicto más amplio que data de 2025, cuando grupos de trabajadoras sexuales comenzaron a manifestarse contra la construcción de la ciclovía en Calzada de Tlalpan. Las protestas han incluido bloqueos viales y movilizaciones, bajo el argumento de que la obra reduce espacios de estacionamiento utilizados por sus clientes, afectando directamente sus ingresos.
Organizaciones civiles han advertido que este tipo de tensiones reflejan la falta de mecanismos efectivos de diálogo entre autoridades y sectores afectados por proyectos de movilidad. En este sentido, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha sostenido que la ciclovía forma parte de una estrategia integral para fomentar el transporte sustentable y reducir emisiones contaminantes.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido hasta ahora un posicionamiento detallado sobre el incidente, aunque en reportes previos ha señalado que mantiene operativos de vigilancia en corredores conflictivos de la ciudad.
Especialistas en movilidad urbana señalan que el caso pone en evidencia la complejidad de intervenir espacios con dinámicas económicas preexistentes, particularmente en zonas donde confluyen actividades informales. Asimismo, advierten que la proximidad de eventos internacionales como el Mundial 2026 podría intensificar políticas de reordenamiento urbano que, sin consenso social, derivan en conflictos.
En tanto, colectivos de ciclistas han exigido garantías de seguridad en la infraestructura recientemente habilitada, mientras que representantes de trabajadoras sexuales reiteran su demanda de diálogo con autoridades para establecer alternativas que no vulneren su sustento económico.
El incidente, más allá de su carácter puntual, refleja un problema estructural en la gestión del espacio público en la Ciudad de México, donde proyectos de movilidad, derechos laborales informales y seguridad ciudadana convergen sin una solución integral visible.
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