Por Juan Pablo Ojeda
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este 31 de marzo una revisión técnica de los protocolos de actuación coordinada entre la Federación y las administraciones estatales. El objetivo central es reducir el tiempo de respuesta ante amenazas públicas contra activistas, tras confirmarse el feminicidio de Anaid (Diana) Belén García Alfaro en el Estado de México.
García Alfaro, reconocida por su labor en el rescate de animales en situación de vulnerabilidad, fue reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la ficha de búsqueda correspondiente; sin embargo, el cuerpo de la activista fue localizado sin vida seis días después del reporte inicial.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que las métricas actuales de protección civil y ministerial presentan lagunas críticas cuando las denuncias ocurren en plataformas digitales. Los datos indican que la latencia entre la exposición de una amenaza en redes sociales y la intervención de una autoridad estatal sigue siendo un factor de riesgo determinante para las víctimas.
La administración federal propone el desarrollo de mecanismos que operen independientemente de la ratificación de una denuncia ante el Ministerio Público. Esta medida técnica busca que la detección de amenazas en canales no oficiales active de forma automatizada un anillo de protección perimetral por parte de las fuerzas de seguridad locales y federales.
En el caso específico de Diana Belén, el Estado de México registra una de las tasas de feminicidio más altas del país, lo que ha llevado a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos a exigir una auditoría de los procesos de búsqueda. La eficiencia en la localización de la víctima es cuestionada por los tiempos transcurridos entre la denuncia y el hallazgo.
Sheinbaum subrayó que la coordinación con los gobernadores es «particularmente dolorosa» en casos donde la evidencia de la vulnerabilidad era pública antes de la agresión. El gobierno federal busca ahora integrar sistemas de inteligencia social para que las fiscalías estatales no dependan exclusivamente de la burocracia documental para iniciar medidas cautelares.
Finalmente, el ejecutivo federal mantendrá mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para homologar los criterios de riesgo. El enfoque preventivo es la prioridad en una agenda que busca detener la tendencia de violencia contra quienes ejercen labores de rescate y defensa de derechos en territorios de alta incidencia delictiva.
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