La tipificación del feminicidio dejará de ser un rompecabezas a merced de los estados para convertirse en una norma uniforme en todo el país. La Cámara de Diputados anunció su respaldo total a la iniciativa que enviará el Ejecutivo federal en los próximos días.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena, confirmó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea penas severas, que oscilarán entre los 40 y 70 años de prisión, para quienes perpetren este ilícito que lastima profundamente a la sociedad.
El coordinador legislativo señaló que el proyecto contempla una modificación al artículo 19 de la Constitución. El objetivo central es catalogar el feminicidio como un delito grave a nivel federal, sin dejar resquicios ni margen a interpretaciones locales condescendientes.
Actualmente, la disparidad en los códigos penales de las 32 entidades federativas ha provocado que múltiples agresores encuentren recovecos legales para evadir condenas justas. La nueva legislación busca ponerle un alto definitivo a la impunidad imperante.
Monreal Ávila indicó que la aprobación de esta reforma constitucional vendrá acompañada, ineludiblemente, de una ley reglamentaria de avanzada. Aseguró que se trata de un reclamo social impostergable que no encontrará resistencias en el recinto de San Lázaro.
En la misma tónica de procuración de justicia y legalidad, el legislador fue abordado sobre el reciente proceso penal iniciado contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, a quien ya se le ha vinculado a proceso por delitos graves.
Fiel a su estilo mesurado, el zacatecano evitó hacer leña del árbol caído. Recordó su antigua cercanía con el exmandatario durante su paso por el Senado, pero celebró que la maquinaria judicial del Estado mexicano opere sin distinciones ni filias partidistas.
«Que sin distingo se aplique la ley es un signo muy bueno en cualquier régimen que se considere democrático y progresista», apuntó el legislador, subrayando que la vara de la justicia debe medir exactamente igual para todos los ciudadanos.
Con esta pesada agenda en puerta, los legisladores de San Lázaro tienen la encomienda de aterrizar un marco jurídico que verdaderamente responda a las víctimas. La pelota está por caer en su cancha y el país exige resultados tangibles, no discursos.
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