Por Bruno Cortés
En el Palacio Legislativo de San Lázaro no todo son gritos y jaloneos políticos. A veces, también hay espacio para escuchar a quienes durante años han sido ignorados por las instituciones. Eso ocurrió en la “Mesa de trabajo con poblaciones trans de México”, convocada por la Comisión de Diversidad, presidida por el diputado Jaime Genaro López Vela, de Morena. Lo que se vivió ahí fue más que una reunión: fue una sacudida necesaria para poner en la agenda nacional temas urgentes de justicia, salud y trabajo para la comunidad trans del país.
La cita no fue casual. Esta mesa respondió a una recomendación directa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pidió al Congreso atender el derecho a la identidad de género y reformar el artículo 73 de la Constitución, para que la diversidad sexual y de género deje de ser un tema invisible en las leyes. López Vela lo dijo sin rodeos: “Vamos a crear un anexo presupuestal transversal”. Traducción para quienes no hablan «diputadez»: se trata de etiquetar dinero público especialmente para políticas que atiendan a esta comunidad. Porque si no hay presupuesto, no hay política pública real.
Desde Guerrero hasta Yucatán, pasando por la Ciudad de México, llegaron activistas y representantes trans a compartir vivencias y propuestas. Nadie habló desde el privilegio, sino desde la urgencia. Las historias se centraron en temas concretos: acceso a tratamientos hormonales, atención médica sin discriminación, apoyo emocional y psicológico, pruebas de VIH sin estigma, y acompañamiento en el uso de sustancias. Porque sí, hablar de salud para la comunidad trans no es solo tener una clínica cerca, es que el personal te reciba con respeto y te entienda.
Y si en la salud hay pendientes, en justicia la deuda es aún más profunda. Las y los asistentes no evitaron tocar el tema de los transfeminicidios, esa violencia extrema que muchas veces ni siquiera se nombra en los tribunales. Exigieron que se reconozcan sus derechos humanos y que estados y municipios dejen de criminalizar el trabajo sexual, una de las pocas fuentes de ingreso para muchas personas trans ante la falta de oportunidades laborales dignas. Pidieron armonizar las leyes para eliminar de una vez la discriminación institucional.
La diputada María Damaris Silva Santiago, también de Morena, aseguró que esta será una mesa inclusiva de verdad, donde cada voz contará. Dijo que es momento de saldar la deuda histórica con esta población. Lo mismo expresó la diputada Alma Rosa De la Vega Vargas, quien reiteró el compromiso de su bancada por impulsar políticas públicas integrales que garanticen derechos básicos como salud, empleo, educación y justicia.
También se habló de empleo, y no en abstracto: las y los activistas pidieron programas que capaciten a empresas, sensibilicen a los funcionarios y, sobre todo, que no los dejen solos ante el acoso y la discriminación laboral. Porque no se trata solo de abrir vacantes, sino de abrir la mente de quienes contratan.
Y claro, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que deje de mirar a otro lado. Porque sin educación no hay futuro, y muchas veces el sistema educativo no solo les da la espalda, también los expulsa.
Lo dijeron alto y claro: este diálogo no puede quedarse en la foto. No basta con escuchar, hay que legislar, asignar recursos y, sobre todo, transformar la realidad de una comunidad que ha resistido con dignidad, pero que ya no quiere sobrevivir… quiere vivir con derechos.
Así que, por ahora, las voces fueron escuchadas. Falta que los oídos legislativos no sean sordos de tiempo completo. Porque lo que está en juego no es una agenda política más, sino la vida digna de miles de personas que solo piden lo que a cualquiera: respeto, justicia y un lugar en este país que también es suyo.
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