Por Juan Pablo Ojeda
Tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó la relevancia simbólica de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo y aseguró que su responsabilidad es demostrar con resultados la capacidad de su gobierno.
Durante declaraciones recientes, la mandataria reconoció que su administración enfrenta críticas y cuestionamientos, pero sostuvo que su principal compromiso es responder con acciones concretas. “Me toca demostrar que una presidenta puede dar resultados”, afirmó al referirse al momento político que atraviesa el país.
En medio del debate público sobre diversas reformas impulsadas por su gobierno, distintas encuestas nacionales han reflejado niveles de respaldo importantes a algunas de sus principales decisiones, particularmente en materia electoral y de seguridad.
Uno de los temas que concentra mayor atención es la reforma electoral actualmente en discusión. De acuerdo con un estudio elaborado por la empresa de opinión pública Enkoll, más del 80% de los ciudadanos consultados expresó su apoyo a varias de las medidas centrales contempladas en la iniciativa.
Entre las propuestas con mayor respaldo se encuentra la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos y a las autoridades electorales. La encuesta también señala un amplio apoyo a la disminución de los salarios de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como a la implementación de mecanismos más estrictos de supervisión del dinero utilizado en campañas electorales.
Otro punto relevante dentro de la reforma se refiere a cambios en la forma en que se eligen legisladores y a posibles ajustes en la estructura del Congreso. Según los resultados del sondeo, una mayoría significativa de los participantes considera necesario revisar el funcionamiento actual del sistema electoral para hacerlo más eficiente y menos costoso.
Sin embargo, no todas las propuestas han generado el mismo nivel de consenso. Algunos planteamientos han abierto un debate más amplio entre especialistas, partidos políticos y ciudadanos. Entre ellos destacan la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la introducción del voto electrónico en consultas populares, medidas que registran niveles de apoyo menores en comparación con otros puntos de la reforma.
Además del debate electoral, otro elemento que ha influido en la percepción pública sobre el gobierno federal es el operativo realizado en febrero de 2026 contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. La acción formó parte de las operaciones de seguridad dirigidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con una encuesta de la firma De las Heras Demotecnia, la evaluación del operativo alcanzó una calificación promedio de 8.3 sobre 10 entre los encuestados.
Los resultados del estudio muestran que el 34% de los participantes otorgó la máxima calificación de 10 al operativo, mientras que el 35% lo evaluó con notas entre 8 y 9. Otro 14% lo calificó entre 6 y 7, mientras que un porcentaje menor expresó evaluaciones negativas.
En cuanto al impacto político de la acción, el sondeo revela que el 48% de los encuestados afirmó que su opinión sobre la presidenta mejoró después del operativo. A ese grupo se suma un 7% que indicó que su percepción ya era positiva y se mantiene igual.
Por otro lado, el 20% señaló que su opinión empeoró tras el operativo, mientras que un 8% afirmó que su percepción negativa se mantiene sin cambios. Un 17% adicional respondió que no tiene una postura definida o prefirió no contestar.
En conjunto, los datos indican que más de la mitad de los ciudadanos consultados reportó una mejora en su percepción sobre la presidenta después de la acción contra el líder del CJNG, mientras que una proporción menor manifestó un deterioro en su evaluación del gobierno.
En este contexto, la administración federal enfrenta un escenario político en el que conviven el debate sobre reformas institucionales, los desafíos en materia de seguridad y la expectativa de resultados concretos por parte de la ciudadanía. Para la presidenta Sheinbaum, el objetivo, según ha reiterado, es demostrar que su gobierno puede traducir las promesas de campaña en políticas públicas y decisiones que respondan a las demandas del país.
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