Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de Estados Unidos evitó ofrecer detalles sobre el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres Rosas, bajo el argumento de que los registros de visas son confidenciales conforme a la legislación estadounidense.
La mandataria estatal informó la semana pasada que su visa de no inmigrante fue revocada como consecuencia de un procedimiento administrativo relacionado con su esposo, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer las causas concretas.
“Este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”, aclaró Torres en redes sociales, asegurando que su “conciencia está tranquila”.
Gobierno de México pedirá información oficial
Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal no fue notificado oficialmente por parte de Washington, por lo que solicitará información formal sobre las causas del retiro de las visas.
“Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas”, indicó Sheinbaum, tras asegurar que no se adelantará a emitir juicios hasta tener los datos pertinentes.
No obstante, la Embajada de Estados Unidos en México reiteró su postura sobre el caso: “Los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense, por lo tanto no podemos discutir los detalles de cada caso de visa”.
Marina del Pilar llama a la prudencia
Ante la controversia, Marina del Pilar expresó su confianza en que el caso de su esposo se resolverá “de forma satisfactoria”, destacando su integridad y compromiso con el servicio público.
“Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”, expresó la gobernadora morenista.
El caso ha generado especulaciones tanto en México como en Estados Unidos, especialmente porque ocurre en un contexto electoral y diplomático delicado. Hasta el momento, no existe ninguna acusación legal o penal conocida contra Carlos Torres ni contra la mandataria.
El Gobierno mexicano se mantiene a la espera de una respuesta oficial de las autoridades estadounidenses que aclare el procedimiento y su fundamento jurídico.
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