Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la discusión por la Reforma Electoral y del discurso oficial de contención del gasto, el Senado de la República aprobó un nuevo incremento salarial para sus integrantes, decisión que reavivó el debate sobre la austeridad en el Congreso.
El ajuste, decretado a finales de febrero de 2026, añade 1,200 pesos mensuales al sueldo de cada senador. Con ello, en los últimos dos años los legisladores acumulan un aumento de 6,100 pesos. Actualmente, sus percepciones se acercan al ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recibe 134,290 pesos mensuales, monto que por ley no puede ser superado por ningún otro funcionario público.
El contraste ha generado cuestionamientos, especialmente porque el Ejecutivo ha insistido en una política de austeridad republicana. En paralelo, los diputados federales mantienen un salario mensual de 79,846 pesos tras un ajuste aprobado al cierre de 2025.
La evolución histórica de las dietas legislativas muestra variaciones significativas. En el año 2000, los senadores percibían poco más de 47 mil pesos; en 2009 superaron los 126 mil, posteriormente bajaron a 104,800 pesos entre 2010 y 2020, y desde 2024 retomaron una tendencia al alza.
El aumento salarial se conoce después de diversas polémicas internas. A principios de febrero, el Senado asignó casi 23 millones de pesos a un contrato de alimentos que contemplaba menús diferenciados: opciones de mayor costo para senadores y comida corrida para personal de base. La decisión fue criticada por la disparidad en el uso de recursos públicos.
Otro episodio que generó controversia fue la reapertura de un salón de belleza dentro del recinto legislativo, bajo la coordinación de Adán Augusto López al frente de la Junta de Coordinación Política. El gasto en mobiliario alcanzó 136 mil pesos y, tras las críticas, el servicio fue cerrado. El hecho cobró relevancia porque inicialmente estaba destinado únicamente a integrantes de la mayoría parlamentaria y sus aliados.
El contexto no es menor. La Cámara Alta discute una posible Reforma Electoral impulsada por el oficialismo, en un momento donde el discurso de austeridad forma parte central de la narrativa política. La aprobación de incrementos salariales, aunque legales, coloca nuevamente bajo escrutinio la congruencia entre el mensaje público y las decisiones presupuestales internas.
Deja una respuesta