Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se está moviendo una agenda que, aunque a veces no ocupa los titulares principales, tiene implicaciones profundas para miles de personas en el país. El diputado Jaime López Vela, de Movimiento Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Diversidad, puso sobre la mesa los avances legislativos en favor de la comunidad trans y dejó claro que el objetivo es pasar de los discursos a reglas claras en la ley y en el presupuesto.
La discusión parte de la Recomendación 042/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señala problemas estructurales de desigualdad, discriminación y transfobia. Traducido a lenguaje sencillo: el Estado reconoce que hay personas que siguen enfrentando barreras en salud, empleo, educación y acceso a la justicia por su identidad de género, y eso no debería pasar en un país donde la Constitución habla de igualdad.
Por eso se trabaja en una reforma al artículo 1º constitucional para dejar explícito que nadie puede ser discriminado por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Puede parecer un ajuste técnico, pero en realidad es clave: cuando algo queda escrito en la Constitución, obliga a todas las autoridades del país a respetarlo y ajustar sus leyes locales.
El proyecto no se está armando en solitario. López Vela explicó que se ha trabajado con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La lógica es que, si la reforma pasa, después venga una ley general que aterrice esos derechos en políticas públicas concretas, no solo en buenas intenciones.
Aquí entra la parte económica, que muchas veces se deja fuera del debate. El diputado informó que ya hay una mesa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear un anexo transversal en el presupuesto. ¿Qué significa eso? Que en lugar de depender de programas aislados, habría recursos etiquetados específicamente para políticas dirigidas a la población de la diversidad sexual y de género en áreas como salud, educación, empleo, vivienda y deporte. En términos prácticos, dinero asignado y visible para atender problemas concretos.
También se busca tipificar la violencia por prejuicio en el Código Penal Federal e incorporar la identidad de género dentro del delito de feminicidio, en línea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La idea es sencilla pero de gran impacto: si una mujer trans es asesinada por razones de género, el caso debe investigarse como feminicidio, con todo lo que eso implica en penas y protocolos.
En paralelo, López Vela anunció la séptima edición de la Copa LGBT 2026, que se realizará del 15 al 17 de mayo en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. No es solo un torneo; es una plataforma política y social. Se espera superar los casi 3 mil atletas de la edición pasada, con 25 disciplinas deportivas que van desde fútbol y atletismo hasta natación y actividades culturales como baile.
El registro será gratuito y quienes participen deberán asistir a talleres de derechos humanos. Además, habrá feria de servicios de salud, pruebas de detección de VIH y un comedor comunitario. Es decir, el deporte como puerta de entrada a políticas de prevención, inclusión y acceso a servicios.
En el fondo, lo que está en juego es algo muy concreto: que los derechos de la comunidad trans no dependan de la buena voluntad de una autoridad en turno, sino que estén blindados en la Constitución, respaldados por leyes secundarias y financiados con presupuesto. Esa es la diferencia entre una declaración política y una política pública real.
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