Por Juan Pablo Ojeda
El cierre repentino del espacio aéreo en El Paso, Texas, encendió versiones cruzadas en Estados Unidos y terminó por colarse a la mañanera en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el episodio y dejó clara la postura del gobierno mexicano: no hay información oficial que vincule a México y, hasta ahora, no hubo afectaciones en territorio nacional.
El anuncio original hablaba de un cierre por 10 días, pero la medida se canceló apenas unas horas después. En ese lapso comenzaron a circular distintas explicaciones. Una apuntaba a una supuesta incursión de drones ligados a cárteles mexicanos. Otra versión hablaba de pruebas militares con tecnología antidrones. Y una más, citada por medios estadounidenses, aseguraba que todo se trató de un globo de fiesta confundido con una amenaza.
Sheinbaum explicó que, aunque hubo declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses —incluida la secretaria de Justicia y el secretario de Transporte—, en ningún comunicado oficial se menciona directamente a México. Incluso cuando se habló de “cárteles”, no se hizo referencia expresa al país.
La presidenta subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. También enfatizó que el incidente no tuvo impacto en el espacio aéreo mexicano, sino exclusivamente en la zona de El Paso.
Del lado estadounidense, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló en redes sociales que la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Guerra actuaron ante una supuesta incursión de un cártel con drones. Sin embargo, reportes posteriores indicaron que el Pentágono realizaba pruebas de un láser antidrones cerca de la base de Fort Bliss y que el objeto detectado podría haber sido un globo.
El episodio deja en evidencia la sensibilidad del tema de seguridad fronteriza en la relación bilateral. En un contexto donde el combate al narcotráfico y el uso de tecnología militar son asuntos delicados, cualquier versión no confirmada puede escalar rápidamente en el terreno político y mediático.
Por ahora, el gobierno mexicano mantiene una postura prudente: no hay señalamiento formal contra el país y corresponde a Estados Unidos aclarar qué ocurrió realmente en su espacio aéreo. Mientras tanto, el incidente queda como un recordatorio de lo frágil que puede ser la narrativa pública cuando la información oficial tarda en llegar.
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