Por Juan Pablo Ojeda
En México, hablar de desapariciones forzadas no es sólo un tema de cifras, sino de miles de historias rotas. Más de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas —según cifras oficiales— han sido buscadas, en su mayoría, no por el Estado, sino por sus propias familias. Así lo denuncia Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, en una entrevista con la agencia EFE. Y va más allá: cuando el Gobierno mexicano niega la existencia de desapariciones forzadas, no le habla al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, dice, sino que le falta el respeto directamente a las víctimas y a quienes han salido con palas, picos y esperanza a buscar en fosas, cerros o ranchos.
“Es un tema ineludible”, afirma Olivares, mientras recuerda que esta crisis no es reciente ni aislada. Es parte de una “violación estructural de los derechos humanos” que lleva décadas. El informe 2024-2025 de Amnistía Internacional lo deja claro: las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y generalizadas, y el Estado ha fallado no sólo en prevenirlas, sino en buscarlas.
Las cifras actuales son alarmantes. Tan solo en lo que va del año 2024 se han contabilizado más de 13 mil desapariciones, y abril cerró con mil 50 nuevos casos. Mientras tanto, la localización de fosas clandestinas, como la reciente en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, sigue siendo obra de madres, hermanas y colectivos que arriesgan su vida. En ese mismo contexto, Olivares recuerda que más de 29 personas buscadoras han sido asesinadas, cuatro de ellas tan solo en abril.
Ante este panorama, las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el hallazgo del centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación deben transformarse en acciones concretas, reclama AI. Se necesitan reformas profundas: más agentes del Estado, verdaderamente capacitados y profesionalizados para la búsqueda; una Ley de Desaparición Forzada que proteja a los colectivos; y, sobre todo, abandonar el intento de reclasificar este delito.
AI también pone el dedo sobre otro punto sensible: el despliegue del Ejército en tareas de seguridad pública. Esta estrategia, activa desde hace 17 años, ha fracasado, asegura el informe. “Nos dijeron que con militares habría más seguridad, pero este país es hoy mucho más peligroso”, afirma la directora.
Finalmente, Amnistía Internacional expresa preocupación por el acercamiento entre el gobierno mexicano y la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Consideran que este vínculo ha alimentado narrativas y políticas contrarias a los derechos humanos, especialmente en materia migratoria.
Para AI, el mensaje es claro: no basta con negar la crisis de desapariciones, ni con cifras maquilladas. El gobierno debe dejar de voltear a otro lado y asumir que, mientras el Estado no busque, las víctimas seguirán siendo doblemente invisibles.
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