Por Bruno Cortés
En el Congreso de la Unión se está discutiendo una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, de entrada, suena técnica, lejana, como algo que solo entienden los especialistas. Pero el diputado Rubén Moreira, del PRI, le puso nombre y apellido al problema: “esto es una ley de censura”.
Según explicó, esta propuesta busca crear una agencia digital que, en lugar de regular con neutralidad, concentraría un poder enorme para controlar el acceso a internet, vigilar la comunicación digital y hasta eliminar plataformas. Suena exagerado, pero no lo es. Moreira fue claro: en el artículo 109 de la iniciativa, se contempla la posibilidad de “tumbar” plataformas digitales. Eso, en lenguaje de a pie, significa que el gobierno podría bajar contenido o cerrar redes sociales si así lo decide.
Y no sería una agencia cualquiera. Sería un órgano unipersonal, sin participación del Congreso, del Poder Judicial, de los gobiernos estatales ni de otros contrapesos. En otras palabras, una sola persona podría tener la última palabra sobre qué se ve, se dice y se comparte en internet en México. Una especie de árbitro digital que no le rinde cuentas a nadie. Eso preocupa, y mucho.
Moreira no está solo en esto. Desde el PRI y el PAN han pedido que esta reforma se deseche de plano y que, en lugar de imponerla desde el poder, se construya una nueva legislación con la participación de medios de comunicación, defensores de derechos humanos, expertos y, sobre todo, la sociedad. Que el debate se abra y se escuche a todos, no que se cierre a marchas forzadas.
Además del tema digital, el diputado también puso el dedo en otra llaga: la desaparición de personas. Criticó que este tema, tan grave y urgente, no haya sido tratado con la seriedad que merece y propuso abrir un periodo extraordinario en el Congreso para atenderlo. Denunció que la Cámara de Diputados se ha vuelto una “ventanilla de trámite” del Poder Ejecutivo, aprobando todo sin chistar, sin debate y sin modificaciones.
Moreira también acusó a Morena de prácticas preocupantes en algunos estados, como repartir formatos para movilizar votantes usando datos personales, lo cual podría ser censurado bajo la nueva ley de telecomunicaciones, paradójicamente usando las mismas herramientas legales que ahora critican.
La crítica de fondo es clara: no se pueden hacer leyes que afecten libertades y derechos sin discutirlas con quienes representan a millones de personas, aunque no formen parte de la mayoría legislativa. Y menos aún, se puede permitir que una sola figura concentre tanto poder en lo digital, un espacio que hoy es vital para informarnos, expresarnos y organizarnos.
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